Isabel Merino. El Pleno ha dado hoy un importante paso para agilizar la concesión de las ayudas de emergencia social y las ayudas económicas familiares. Ambos programas, que hasta ahora se regían por la Ley General de Subvenciones, se otorgarán ahora bajo el modelo de prestación, una figura administrativa mucho más ágil y directa que permitirá reducir al máximo la burocracia a la hora de la tramitación.

Tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, según el cual las ayudas económicas de los Servicios Sociales se deben otorgar al margen de la Ley General de Subvenciones, el Pleno ha aprobado de manera unánime la ordenanza reguladora del Programa de Ayudas de Emergencia Social y el Reglamento del programa de Ayudas Económicas Familiares. “El problema que hemos tenido es que todas estas ayudas se estaban contemplando bajo un encorsetamiento que es la Ley General de Subvenciones, lo cual implica que si una persona tenía deudas con la Seguridad Social, Hacienda o con el Ayuntamiento, en muchas de las ocasiones no se le podía otorgar la ayuda”, explicó la concejala de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona (C’s).

Para la oposición, esta resolución se ha retrasado demasiado provocando, según afirman, que muchas familias en situaciones complicadas se hayan quedado sin ayuda por culpa de la burocracia. “Hacer esperar tres años y medio a personas que están pasando hambre, a las que les cortan los suministros, que no tienen para pagar la hipoteca o el alquiler, hacerles entrar en la maquinaria burocrática, es de verdad indignante”, manifestó el portavoz de Costa del Sol Sí Puede Mijas, Francisco Martínez Ávila.

El Partido Popular, por su parte, ha solicitado que se rectificara el tiempo máximo para conceder la ayuda, reduciendo el plazo de seis meses a dos. Para la edil Lourdes Burgos, es una “barbaridad” que estas ayudas se acogieran al sistema de subvención. “Desde el PP teníamos claro que las ayudas a las personas que las necesitan se tienen que dar de una manera reglada pero no con la Ley General de Subvenciones, que tiene una burocracia increíble y que nos lleva a situaciones rocambolescas”, opinó.

Para los socialistas, por casos como este, el área de Servicios Sociales se ha convertido durante este mandato en un “caos”. “Bajo su responsabilidad se han eliminado programas de probado resultado que se justifican difícilmente, no se han evaluado otros como deberían, se han retrasado las ayudas de emergencia, las familiares, las de escuelas de verano, todas”, expresó el concejal del Partido Socialista Hipólito Zapico.

La nueva figura de prestación por la que se regirán ambos programas permitirá agilizar la tramitación y el abono de las ayudas dirigidas a personas en riesgo de exclusión social.

Opiniones
Para la oposición, este avance en la concesión de ayudas en materia de Servicios Sociales llega tarde. Según aseguran, el sistema de prestaciones ya se aplicaba antes de 2015, por lo que en estos casi cuatro “se ha dado un paso atrás”. Ante las acusaciones de la oposición, la concejala de Servicios Sociales apuntó que desde el departamento que gestiona contaba con poca capacidad de maniobra para dotar de inmediatez la concesión de ayudas. “Quiero dejar clarísimo que Mari Carmen Carmona no eligió que fueran subvenciones, que este tipo de ayudas se dieran bajo el yugo de una ordenanza”, puntualizó la edil. Por su parte, el interventor del Ayuntamiento de Mijas apuntó que las decisiones que se toman desde la Intervención no son vinculantes. “Me gustaría decir que la Intervención no puede imponer nada, hace informes que son preceptivos”, explicó el interventor general, Francisco Javier Pérez.

Para el PSOE, la responsabilidad de que esta aprobación se haya demorado tanto es únicamente del equipo de gobierno. “Entiendo que detrás de la señora Carmona está un alcalde que es responsable máximo de que estas cosas funcionen bien y si es un problema habrá que buscarle soluciones; si dentro del Ayuntamiento no las encontramos seguro que habrá otra institución que puede darla”, apostilló Zapico.

Las ayudas de emergencia social permiten sufragar gastos de alimentación y el pago de facturas de suministros básicos a personas en riesgo de exclusión social, mientras que las ayudas económicas familiares se dirigen a familias con hijos, asegurándoles medios económicos suficientes para que no pierdan la tutela de los menores. Para la edil no adscrita, Helena Abda, los beneficiarios de estas ayudas “necesitan que los trámites sean lo más simples y fáciles posible y la rapidez en estos trámites puede significar sobrevivir o no a una situación extraordinaria”. Gracias a los nuevos reglamentos, se evitará, por ejemplo, que las personas que tengan deudas con el Ayuntamiento o la Seguridad Social no puedan optar a una ayuda económica en un momento puntual.

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