Mijas Comunicación ha tenido acceso a un informe policial del caso ‘Subastas Exprés’, que está siendo investigado en los Juzgados y que considera que se pueden haber cometido irregularidades en la tramitación y ejecución de siete expedientes. Algunos hechos podrían ser constitutivos, “como mínimo”, apunta el documento, “de un delito continuado de prevaricación”, ya que “no se aprecia una voluntad real de notificación a los deudores implicados para que puedan ejercer sus derechos”.

El informe indica que, en la gran mayoría de los casos, las adjudicaciones se producen en el momento en el que la mesa de subasta comprueba que existe una primera oferta, “no agotándose el plazo de seis meses desde la fecha de la subasta”, dando como resultado, apunta la Policía Judicial, que exista “una gran desproporción entre el valor de la finca y el importe de la adjudicación de la misma”. La Guardia Civil destaca que “resulta extraño que algunas de las ofertas aceptadas sean exageradamente inferiores al tipo de subasta. Esta situación puede haber ocasionado un enriquecimiento injusto en favor de los adjudicatarios, así como unas fuertes pérdidas para los deudores.”

El informe especifica que ningún miembro de la Mesa de Subasta realizó objeción alguna al respecto, y manifiesta su sorpresa por que no se objetase tampoco nada en los informes de la Asesoría Jurídica. Según la Policía Judicial, los responsables finales de dichos procedimientos serían el exalcalde Ángel Nozal (PP) y el entonces concejal de Hacienda, Mario Bravo (PP).

Irregularidades
Según el informe, algunas de “las irregularidades detectadas” son: “falta de proporcionalidad en el precio de la adjudicación de las fincas con respecto a su valoración”, “resolución de los procedimientos de forma sistemática sin agotar el plazo de adjudicación directa” y “aceptación de alguna oferta por parte de la Mesa de Subasta de forma improcedente”. El escrito también detalla que se han producido “diversas adjudicaciones en favor de una misma persona física o jurídica o incluso entre personas vinculadas”. Además, y siempre según el informe policial, en ciertos expedientes, “el exalcalde y el exconcejal de Hacienda han participado de forma directa en su tramitación y resolución a pesar de tener intereses en sociedades que realizan labores de administración de fincas siendo estas parte interesada en los procedimientos”.

Regulación
El informe señala que al entrar el nuevo equipo de gobierno en 2015, “se regularon las condiciones generales de subastas y adjudicaciones directas, corrigiéndose ciertos aspectos como, por ejemplo, la obligatoriedad de que la oferta aceptada sea proporcionada y no inferior al 50% del valor catastral del bien en cuestión”.Ante este caso y otros que apuntan a supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Mijas durante el mandato anterior, el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), se manifestó ayer, apuntando al trabajo que está realizando su ejecutivo. “El equipo de gobierno tuvo el compromiso de restablecer la legalidad, ya que entendemos que es la garantía que tienen los ciudadanos contra los abusos de poder y en eso nos hemos afanado y podemos dar cuenta que Mijas cumple con la legalidad”. El regidor destacó su intención y la del equipo de gobierno de “ser un gobierno útil, que no entre en confrontación con ningún partido político, que no entre en los ‘dimes y diretes’ de los que están cansados los mijeños, de la imagen que se da del municipio y de los bulos que de alguna manera ocultan lo que realmente está ocurriendo”.

Respuesta del PP
El Partido Popular ha asegurado que “no conocen el informe policial”, que ha sido “claramente filtrado” por el equipo de gobierno de Mijas, “como ya ha hecho en muchas ocasiones”. Los populares se han mostrado críticos con el equipo de gobierno, al que acusa de pretender “ganar con titulares, grabaciones pactadas y denuncias que no irán a ninguna parte, lo que no supieron ganar en las urnas en mayo de 2015”.

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