La ley 43/10 de Montes, la ley 2/92 Forestal de Andalucía, el decreto 208/97 por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la ley 5/99 de prevención y lucha contra incendios forestales, el decreto 247/01 del reglamento de prevención y lucha contra incendios forestales, la ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el decreto 470/94 de prevención de incendios forestales, la ley 8/03 de la Flora y la Fauna Silvestre, la ley 7/07 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la ley 9/2010 de Aguas y la ley 7/85 de Régimen Local. Todo esto es lo que, asegura el Partido Popular de Mijas, según un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), ha infringido el promotor de las obras presuntamente ilegales en la Finca del Pantanillo, en el diseminado Río Ojén. Los populares añaden que todo ello ha sido “con la aparente connivencia de la persona que ocupa el sillón de la Alcaldía de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C,s)”.

El PP de Mijas afirma que ha tenido acceso a este escrito así como a un informe fotográfico de la Benemérita, en los que “se advierte de la carencia de permisos municipales y autonómicos así como la extralimitación en los trabajos realizados y autorizados. Ambos informes tienen fecha del 8 de marzo de 2016”.

Los populares, en un comunicado remitido a los medios, insisten en que el 21 de enero, dos agentes del cuerpo de inspección de la Concejalía de Medio Ambiente de Mijas y, posteriormente, dos funcionarios del cuerpo de la Policía Local del municipio ya levantaron acta de lo ocurrido en esta zona. Aseguran además que dicho informe policial, “que fue recibido por el departamento de Disciplina Urbanística el 25 de enero, advertía de significativos movimientos de tierra sin autorización en varios puntos del diseminado Río Ojén, tala de árboles y vegetación autóctonas, la creación de dos grandes balsas sin ningún tipo de licencia, así como la extralimitación en la construcción de una casa de aperos”.

El PP afirma también que “pese a tener conocimiento de este documento de la Policía Local y, de forma posterior, los de la Guardia Civil, el Ayuntamiento no inició los trámites para paralizar y expedientar al responsable de los trabajos hasta el 12 de abril”. Y que “no fue hasta tres semanas después, hasta el pasado 5 de mayo, cuando este, un empresario de origen libanés, recibió el mencionado decreto de paralización de las obras”, añaden los populares.

Los populares aseguran que las obras no se han paralizado y que “un escrito firmado por una quincena de vecinos del diseminado Río Ojén de fecha 10 de mayo y dirigido a Juan Carlos Maldonado alertaba entonces de que las obras continuaban impunemente en la zona sin el menor control policial”, añaden.

El PP considera que “ha existido una total dejadez y falta de diligencia por parte del máximo responsable del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado, que pese a tener conocimiento de estas obras irregulares y la transgresión a las referidas leyes medioambientales no ha hecho lo suficiente para restablecer el orden en la zona”. Los populares también afirman que “todos los documentos serán puestos a disposición de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente”.

El Ayuntamiento lamenta “la falta de rigor del PP”
En una respuesta sobre este aunto del pasado 19 de mayo, el equipo de gobierno explicó que en enero la Policía Local levantó un acta notificando al constructor la paralización de las obras, al advertir que desde hacía más de un año se estaban ejecutando trabajos que podrían no ajustarse a la licencia concedida. Según fuentes municipales, el PP podría obviar estos hechos “porque soslaya que desmanteló, intencionadamente, el departamento de Infracciones Urbanísticas (...) con el objeto de evitar la imposición de multas, sanciones y órdenes de demolición (...) permitiendo que se infringiera la legalidad urbanística vigente”. Asimismo, el equipo de gobierno aconseja a los populares que “lean y estudien detenidamente el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado establecido en la LOUA”, que articula una serie de derechos para los presuntos infractores. Además, anuncian que, en caso de no producirse la paralización de las obras, los hechos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

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