El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas elevará para su aprobación a la próxima sesión plenaria, a celebrar el miércoles 30 de noviembre, el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la comisión de Sanciones Leves, cuyo texto permitirá que los denunciados, por transgredir las ordenanzas municipales, paguen solo el 50% de la cuantía de la sanción, si este acto se produce antes de los 15 días desde la notificación, y si los sancionados tienen entre 14 y 29 años de edad, conmutar la pena económica por trabajos en beneficio de la comunidad o por su participación en charlas o eventos formativos vinculados a la convivencia ciudadana.

El nuevo reglamento municipal surge como una fórmula para garantizar la seguridad jurídica, tanto de la administración como de los administrados, en los procesos sancionadores vinculados a las ordenanzas y demás normas que regulen materias que afecten a las relaciones de convivencia y al uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos en el término municipal de Mijas.

El reglamento sólo será de aplicación en aquellas ordenanzas de carácter estrictamente municipal, cuya transgresión esté calificada como leve, y que prevé sanciones de hasta 750 euros.Es decir, que el reglamento sólo será de aplicación en aquellas ordenanzas de carácter estrictamente municipal, cuya transgresión esté calificada como leve, y que en la mayoría de los casos prevé sanciones de hasta 750 euros.

Así, el texto normativo a aprobar en sesión plenaria contempla, por un lado, la disminución de la cuantía de la sanción en un 50%, si el infractor asume su responsabilidad durante los 15 días posteriores de la notificación o de la incoación del expediente, mediante el pago voluntario de la sanción.

Por el contrario, el nuevo reglamento concede el mismo periodo para que los sancionados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas para su defensa.

Si los sancionados tienen entre 14 y 29 años de edad, el reglamento permite que la multa pecuniaria pueda cumplirse mediante la asistencia alternativa y voluntaria a charlas y cursos relacionados con la convivencia ciudadana y la realización de actuaciones sociales comunitarias consistentes en la incorporación o participación en programas de formación vinculados con el fomento de la convivencia ciudadana. Para ello, deberán solicitarlo formalmente en el plazo de 15 días desde la notificación de la sanción.

Igualmente, el reglamento permite conmutar la sanción por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, prestando los infractores su servicio personal, sin sujeción laboral alguna y sin retribución, en actividades de utilidad pública con interés social y valor educativo, con el fin de hacer comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, con el objetivo de ser evitados en el futuro.

Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las de formación tendrán una duración máxima de 4 horas diarias, y por cada dos horas de trabajo o de formación se condonarán 50 euros del importe de la sanción.

La ejecución de las jornadas de estos trabajos de tipo social se organizarán de modo que el sancionado pueda cumplir con sus obligaciones laborales y académicas.

La aprobación del nuevo reglamento obligará que en la próxima sesión plenaria sean modificadas varias ordenanzas en vigor, como la de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Vía Pública, Venta Ambulante, Protección de Zonas Verdes, Parques y Jardines, y, entre otras, la Ordenanza de Playas.

En principio, los beneficios contemplados en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la comisión de Sanciones Leves no son de aplicación a las sanciones de tráfico, ya que el anterior gobierno municipal cedió la gestión de cobro de las mismas al Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga.

“Con este reglamento, el equipo de gobierno quiere aportar orden a los procesos sancionadores y, al mismo tiempo, generar una labor educativa entre los sancionados que reconozcan su responsabilidad”, aseguró el concejal de Presidencia y Asuntos Jurídicos, Miguel González-Berral, quien además valoró el hecho de que “no siempre sean los padres los que paguen las multas y sanciones por hechos cometidos por sus hijos, y que sean los jóvenes infractores los que con trabajos al servicio de la comunidad paguen por transgredir la norma”.
 

Comparte esta noticia desde el siguiente enlace: https://mijascom.com/?a=642