Mijas es un municipio fruto de su desarrollo urbanístico en las últimas cuatro décadas, una situación que, actualmente, se espera corregir para tranquilidad de miles de familias propietarias.

El decreto de la Junta de Andalucía 2/2012, en vigor desde el 28 de febrero de 2012, abre la puerta a que alrededor de 8.000 viviendas en Mijas, ubicadas tanto en suelo urbanizable como no urbanizable, puedan poner orden a su situación, con el consecuente beneficio que supondría optar a servicios como seguros y suministros necesarios para vivir.
El proceso se abre para beneficiar tanto a inmuebles en suelo urbano como no urbano En palabras del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, lo que se está haciendo “es ajustar la realidad a la legalidad”, ya que en Mijas “hubo, en su día, una falta de compromiso en la vigilancia urbanística tanto en el campo como en la ciudad”.
Y es que el RAFO, acrónimo con el que se conoce al Régimen Asimilado a Fuera de Ordenación, es la vía que muchos propietarios esperaban para dotar a sus inmuebles de todas las garantías jurídicas, así como el mecanismo mediante el cual Mijas puede, definitivamente, ordenar su situación urbanística.

De hecho, “en Junta de Gobierno [del Ayuntamiento de Mijas] y comisión informativa se ha modificado la ordenanza mínima de habitabilidad de suelo no urbanizable extendiéndola a todo el término mijeño, para así permitir regularizar también las viviendas que están en suelo urbano”, dijo Navarro al referirse a una situación que no es exclusiva de zonas rurales y diseminados, ya que afecta por igual, según estimaciones de la comisión informativa, a otras tantas edificaciones actualmente integradas en los núcleos urbanos.
“Algunos dirán que damos facilidad a quienes lo hicieron mal, pero hay que tener en cuenta la responsabilidad de la administración de no haber controlado eso en su momento”, añadió el edil mijeño de Urbanismo.

El proceso
Una de las principales novedades que abre el proceso para obtener el RAFO, es decir, para la regularización de inmuebles, es la posibilidad de solicitar una consulta previa a este reconocimiento.

Con un coste único de 80 euros, los propietarios pueden conocer la situación en la que se encuentra su edificación y si esta se adapta a la normativa actual (por lo que podrá iniciar directamente el proceso de legalización) o no se adapta (lo que permitiría igualmente regularizar la situación mediante la solicitud del RAFO).
En este sentido, aquellas que no se adaptan al PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) ni a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) para su legalización, pero que han visto cómo el tiempo legal que tiene el Ayuntamiento para volver a una situación anterior a la construcción ha pasado (cuatro años para las viviendas anteriores a febrero de 2008 y seis años a partir de esa fecha), podrían beneficiarse de esta novedosa vía para la regularización.
Sin embargo, cuando hablamos de que se haya cumplido el plazo de cuatro años para que el Consistorio exija cumplir con la ley, hay que tener en cuenta que “hay situaciones que no prescriben al estar en dominio público, en zonas de especial protección, formando una parcelación ilegal o con expedientes disciplinarios abiertos”, dice la Jefa de la Sección de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Mijas, María Dolores Ortega, casos en los que “correspondería el restablecimiento del orden jurídico infringido”.
Urbanismo ofrece la posibilidad de solicitar cita para estudiar cada caso de forma individualDe aquí la importancia de solicitar cita individualizada con el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas y la mencionada consulta previa, pudiendo, de esta forma, confirmar la posibilidad de adherirse al Reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación.

“Una vez que se obtenga el RAFO, el propietario tendrá que pagar el 5% de impuestos, lo mismo que si hubiese tenido que pedir licencia de obra para construir la casa”, añade Ortega, un abono que “se puede fraccionar”, para que de esta forma, el económico, sea un impedimento mínimo para la conclusión del proceso.

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