Redacción. El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, ha reiterado hoy su petición para que el Ayuntamiento proceda a la protección del Hipódromo Costa del Sol, al que considera el “mayor activo municipal”. El también portavoz del Grupo Popular en el Pleno insiste en que las instalaciones llevan años sufriendo robos y actos vandálicos ante la ausencia de vigilancia.

Nozal afirma que “ya no hay cristales que romper porque se han llevado hasta las ventanas, incluso el suelo acolchado de la pista interior de los caballos ha desaparecido”. El presidente del PP asegura que ya han sustraído todo lo que tenía valor y que esto ha ocurrido incluso con parte de las instalaciones activas como la pista de atletismo, el gimnasio o la zona de equinoterapia o alquiladas, como el club hípico de Samuel Oliva o una clínica veterinaria, según afirma el PP.

Los populares explican que la peor parte de los robos se la ha llevado el edificio de la residencia, “que estaba totalmente amueblado y del que han robado hasta la instalación eléctrica”. “Es posible que el responsable legal sea el administrador judicial nombrado por el juez, pero no se entiende la desidia del Ayuntamiento, que no contrata vigilancia”, subraya Nozal, quien recuerda que “cuando el CIOMijas cerró, el Ayuntamiento puso vigilancia 24 horas, a pesar de que Mijas solo tenía un 20% de las instalaciones. No se entiende que teniendo antes el 95% y ahora el 100%, el hipódromo siga abandonado”.

Propiedad del Ayuntamiento
Nozal también ha recordado en una nota de prensa que “todo parece partir de un error del Ayuntamiento antes de la apertura del hipódromo en 1999, cuando se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una empresa municipal (Recursos Turísticos de Mijas) y no a nombre del Ayuntamiento”. No obstante, el proceso de liquidación de la sociedad, “iniciado de forma voluntaria durante el último año del gobierno popular, se complicó ante la negativa municipal [Nozal ya no era alcalde] de abonar 6.000 euros a los liquidadores”, lo que provocó, según el PP, la situación concursal, “donde ahora una persona nombrada por el juez pide 250.000 euros”. En el comunicado, Nozal muestra su confianza en la asesoría jurídica del Ayuntamiento para solucionar este asunto “cuanto antes”, pero insiste en que el consistorio debe proteger estas instalaciones municipales.

Comparte esta noticia desde el siguiente enlace: https://mijascom.com/?a=19616