El portavoz del PSOE de Mijas, Josele González, ha denunciado este jueves que la alcaldesa de la ciudad, Ana Mata (PP), pudo haber pagado las facturas pendientes del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) “hace meses”, por lo que le pide a Mata que “deje de echarse flores por abonar una deuda millonaria que, en algunos casos, debería estar saldada desde febrero de 2025”.

Los socialistas subrayan que “no ha sido hasta el pleno del mes de agosto, cuando el equipo de gobierno ha dado luz verde al abono de facturas del Servicio de Ayuda a Domicilio por valor de casi 1,4 millones de euros. La cifra casi roza los 2 millones de euros si tenemos en cuenta los 550.000 euros pagados el pasado mes de julio”. 

González explica que este tipo de facturas “no necesitan pasar por pleno si la propia alcaldesa levantase el reparo”. “Teniendo la potestad, y sin ningún impedimento legal que lo impida, ella pudo firmar esas facturas y pagarlas mensualmente. Así lo hicimos durante mi mandato, pero para eso hay que tener voluntad y capacidad para gestionar, dos cosas que le faltan a Mata como alcaldesa”.

Gestión

En este sentido, el portavoz socialista ha añadido que “la señora Mata poco o nada le importaba el Servicio de Ayuda a Domicilio hasta que lo ha llevado al límite con su pésima gestión”. Así, González ha puesto de relieve el retraso “continuado” de las nóminas de las trabajadoras por el impago de facturas a la empresa que presta el servicio, la huelga “legítima” de la plantilla que afectó a 600 usuarios mijeños o las manifestaciones de las auxiliares a las puertas del Ayuntamiento y durante el pleno, “donde, por cierto, la señora Mata no tuvo ningún tipo de pudor en echar a varias trabajadoras simplemente por mostrar una pancarta”. 

Razones del voto

Por último, el portavoz del PSOE ha explicado que las trabajadoras “ya sabían que nuestro voto no podía ser positivo por dos razones: la primera, porque no es determinante, las facturas pueden salir adelante solo con los votos a favor del equipo de gobierno; y segundo, y lo que es más importante, porque es un tema que está judicializado, con un contrato que hasta tres interventores distintos han afirmado que no está hecho correctamente”, ha concluido. 

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