El pleno del Ayuntamiento de Mijas ha reconocido hoy una vieja deuda municipal con la junta de compensación del sector urbanístico SUP-C23 (en el entorno del Centro Sociosanitario y las instalaciones deportivas de La Cala de Mijas), contraída por anteriores gobernantes y nunca satisfecha, por valor de 1,9 millones de euros. Deuda que será saldada a cargo del remanente del presupuesto de 2012, cuya cuenta general ha sido aprobada hoy también por el pleno municipal.

La deuda tiene su origen en las obras de urbanización del referido sector, donde el Ayuntamiento es titular de una parcela de unos 16.000 metros cuadrados, en la que se podrían construir unas ciento sesenta viviendas, por lo que participaba junto al resto de propietarios de terrenos en la junta de compensación de dicho sector con un 9,59%.

Mismo porcentaje que el Ayuntamiento debió asumir en los costes de urbanización del sector, cuyas obras - ejecutadas por la constructora Sando - comenzaron a desarrollarse en el año 2005. Según consta en los expedientes municipales, la junta de compensación del sector comenzó a girar al Ayuntamiento en 2007 facturas pro forma, de las que se acumularon una veintena, y que nunca fueron satisfechas por el anterior gobierno municipal.

La junta de compensación del sector, de la que es mayoritaria la sociedad Acinipo – perteneciente al grupo Unicaja – ha reclamado por la vía judicial al Ayuntamiento de Mijas el cobro por las facturas pro forma insatisfechas, que suman 2.064.000 euros cantidad sobre la que también reclaman intereses de demora. De esa deuda, el Ayuntamiento ha compensado unos 130.000 euros, por lo que el principal de la misma se ha reducido a 1,9 millones de euros, “y pelearemos en los tribunales los intereses”, aseguró el alcalde Ángel Nozal durante su intervención plenaria.

Según se ha puesto de manifiesto durante el pleno, los anteriores gobernantes acordaron con la junta de compensación pagar la deuda “con terrenos”. Sin embargo, “nunca se llegó a formalizar dicho acuerdo” ni a cumplir. “Y ahora, no quieren los terrenos porque difícilmente puedan construir viviendas y venderlas”, señaló el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo.

El equipo de gobierno ha achacado a “la desidia” de los anteriores gobernantes porque no sólo no se pagó la deuda, ni con terrenos ni fondos económicos, sino que además “nunca se contabilizó el gasto, ni se fiscalizaron la obras” de urbanización cuyo coste pasó de los 11 millones inicialmente previstos a los 18 millones de euros finales. Como tampoco el Ayuntamiento participó entonces en las reuniones de la junta de compensación. “Ahora nos hemos encontrado con una reclamación de dos millones de euros más intereses”, indicó Mario Bravo.

Desde que el actual equipo de gobierno asumiera el mandato, el Ayuntamiento ha tenido que pagar 5,2 millones de euros por deudas no satisfechas por los anteriores gobernantes, lo “que impide hacer cosas que ahora la gente demanda, porque cuando en el Ayuntamiento entraba dinero a chorros no se pagaba”, sentenció Ángel Nozal.

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