“Herencia envenenada”. De esta forma calificó el portavoz del equipo de Gobierno, Mario Bravo, la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Mijas como consecuencia del cúmulo de pleitos judiciales en los que está inmerso y los que todavía se pueden producir.
Según datos de la concejalía de Asuntos Jurídicos, en la actualidad, en los juzgados se tramitan un centenar de demandas contra el Ayuntamiento que, en su conjunto, podrían generar sentencias condenatorias por un monto superior a los 60 millones de euros, que podrían ser muchos más en aplicación de los intereses legales de demora que determinen los jueces, en caso de que la resolución de los pleitos sean contrarias a los intereses municipales.

Son demandas sobre planeamiento o urbanísticas, por reclamaciones de intereses, contratos administrativos o cantidades económicas Se trata de demandas bien por asuntos sobre planeamiento o urbanísticos, por reclamaciones de intereses de demora, relativos a contratos administrativos o bien reclamando cantidades económicas planteadas tanto por particulares como por empresas con intereses en el municipio y admitidas a trámite por los tribunales.

La mayoría de las demandas fueron formuladas hace años pero, como consecuencia de la lentitud de las tramitaciones judiciales, aún se mantienen vivas, lo que genera un problema añadido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ya que, dependiendo de las decisiones de los jueces, las mismas pueden suponer un importante perjuicio para las arcas municipales.
Cuando el actual Gobierno municipal asumió el mandato, conoció el volumen general de la deuda del Ayuntamiento, cifrada en 24 millones a proveedores y 8 millones de euros a entidades bancarias. Deuda que se ha gestionado de forma que el pago de la misma no suponga una losa económica para los intereses del municipio.

Sin embargo, lo que el equipo de Gobierno no alcanza a conocer es hasta qué punto la deuda del Consistorio se puede disparar si los pleitos pendientes de resolución determinan sentencias condenatorias contra los intereses municipales.

Situación que hipoteca el futuro de las cuentas municipales, puesto que la ejecución de sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento supondría, sin lugar a dudas, una merma de los fondos públicos destinados a capítulos tan importantes para el desarrollo del municipio y el bienestar de los ciudadanos.

Una situación que se complica aún mucho más como consecuencia de la aplicación del Plan de Ajuste, que limita al máximo la autonomía municipal sobre el capítulo de gastos, atendiendo escrupulosamente a la obligación de mantener el equilibrio económico de las cuentas públicas.
Aunque lo peor de la herencia de litigios recibida por el actual Gobierno municipal es la incertidumbre que genera no saber cuándo los jueces dictarán sentencias sobre el centenar de demandas interpuestas contra el Ayuntamiento, ya que el sentido de las mismas podría restar posibilidades para la proyección y ejecución de planes de futuro para el municipio vía presupuesto ordinario.
A pesar de la situación judicial a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Mijas, el equipo de Gobierno confía plenamente en el buen hacer del equipo jurídico municipal para constituir defensas que logren la absolución municipal o, en su defecto, minimizar los efectos económicos de las sentencias.

Se trata de un grupo de profesionales del Derecho que, por su bagaje profesional al servicio de los mijeños, ha demostrado una alta reputación.

Miguel González-Berral, concejal de Asuntos Jurídicos

“Estamos defendiendo con todas nuestras fuerzas los intereses de los mijeños”

Mijas Semanal. ¿Por qué se llega a esta situación?
Miguel González-Berral. Hay que partir de la base de que cualquier ciudadano puede plantear un pleito contra la administración para reclamar que un juez determine si tiene o no razón.

El cúmulo de pleitos y demandas judiciales que tenemos ahora son producto del pasado, tal vez por la carencia de iniciativa política de los anteriores gobernantes para solventar los casos antes de que llegaran a los tribunales. Si antes se hubiesen hecho las cosas mejor, no habríamos llegado a esta situación.
M.S. ¿Cómo supo el equipo de Gobierno que se acumulaban tantas demandas en los juzgados?
M.G. Teníamos constancia de que había muchos casos en los tribunales; por ello, decidimos adquirir un programa informático específico, con el que los miembros de la Asesoría Jurídica han creado una base de datos cuya aplicación ha dado como resultado la tremenda sorpresa de conocer que nos demandan por un monto global de más de 60 millones de euros, más los intereses de demora y costas que pueden generar.

Por cierto, la oposición criticó en un Pleno la adquisición de este programa informático. No entendemos por qué, ni qué había que ocultar.
M.S. ¿Esperan más demandas?
M.G. Siempre hemos dicho que lo que más miedo da es lo que uno no conoce. Atendemos a muchas personas que tratan de solucionar antiguos conflictos con el Ayuntamiento, que podrían terminar en vía judicial.

No obstante, técnicos y concejales de varios departamentos municipales, como Asesoría Jurídica, Hacienda, Patrimonio Municipal o, entre otros, Urbanismo, están haciendo un tremendo esfuerzo por solventar por la vía amistosa todos esos casos que potencialmente se pueden convertir en un litigio. Preferimos un acuerdo beneficioso para los mijeños a un juicio. Lo fundamental es afrontar los problemas y no practicar la política del avestruz, tan de moda con los anteriores gobiernos municipales.
M.S. ¿Qué es lo que más le preocupa del cúmulo de pleitos?
M.G. Por un lado, que la herencia litigiosa de estos años de gobiernos municipales socialistas hipoteque el futuro de Mijas, por las implicaciones económicas que puedan conllevar. No disponemos de una bola de cristal que nos diga qué va a dictaminar el juez, porque es imposible prever el resultado de las sentencias.

Pero, aún más importante, es que como equipo de Gobierno y como plantilla municipal estamos dedicando todos mucha energía y tiempo en defender los intereses municipales y solventar estas situaciones, energía que nos gustaría poder dedicar a otros temas municipales que los vecinos de Mijas agradecerían infinitamente más.

La asesoría jurídica, garante de la legalidad municipal

Los cuatro letrados que componen la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Mijas se enfrentan cada día a una labor fundamental para el correcto funcionamiento del organigrama municipal. De sus informes, depende la viabilidad de la mayoría de los proyectos que sacan adelante las diferentes concejalías, un trabajo de asesoramiento que compaginan con la representación del Consistorio en los tribunales.

“A nivel interno, somos los encargados de asesorar a los órganos colegiados municipales, puesto que la ley exige un asesoramiento legal preceptivo, es decir, que debe haber un informe jurídico para ciertos expedientes, como licencias urbanísticas u ordenanzas municipales”, explicó el titular de la asesoría jurídica, José Almenara.
La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos donde se hace indispensable la presencia de la asesoría jurídica. Y es que muchos de los asuntos que se acuerdan en estos encuentros, necesitan de un informe jurídico o, bien, requieren asesoramiento para garantizar que la toma de decisiones cuente con todas las garantías legales. Junto a ello, tanto el alcalde, como concejales, coordinadores generales y directivos requieren de asesoramiento personal o por escrito. 

Asuntos judiciales
La digitalización ha permitido al área clasificar los litigios según su trascendencia económica Recursos contenciosos administrativos, diligencias previas en el ámbito del campo penal o reclamaciones de cantidad en el ámbito de la jurisdicción civil son algunos de los asuntos que competen a la asesoría jurídica dentro de su otra vertiente: la de representar a Mijas en los procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento. “Tenemos ahora mismo 449 asuntos procesales en tramitación. Se trata de litigios que vienen de cinco y seis años atrás, porque la jurisdicción contencioso administrativa dilata mucho la resolución de un conflicto”, apuntó Almenara.
Además, según el titular de la asesoría jurídica, “cada día, el ciudadano tiene más conciencia de sus derechos y de que puede ejecutarlos, por lo que si no está de acuerdo con una resolución municipal, lo lógico es que la reclame”. No obstante, José Almenara resaltó el hecho de que, en el último periodo, ha habido una mayor profusión de actividad administrativa municipal, es decir, “expedientes sobre los que recaía resolución judicial definitiva y que el área de Urbanismo ha concluido, por ejemplo, mediante la ejecución de avales a los promotores que no habían concluido la urbanización de ciertos elementos.

Hacia la digitalización
Debido al gran volumen de información con la que trabajan, el pasado mes de agosto, la asesoría jurídica municipal incorporó un nuevo programa informático que les permite clasificar y dar prioridad a los litigios abiertos contra el Ayuntamiento. Así, de los 449 expedientes vivos, casi un centenar podrían tener trascendencia económica para el Consistorio, llegando a tener que abonar más de 60 millones de euros si los jueces no fallaran a su favor. 

No obstante, las sentencias desfavorables suponen también una oportunidad para saber qué actuaciones se deben evitar en el futuro. “Les vamos comunicando a los concejales estas sentencias, hacemos un informe de cómo deben ejecutarse y especificamos las causas por las que ha sido desfavorable. Entiendo que los departamentos tomarán buena nota”, corroboró Almenara.

En estos casos, la ley obliga a que se habiliten los medios para que el desembolso económico se realice en los tres meses siguientes mediante la inclusión en los presupuestos municipales o realizando una modificación de crédito si fuese necesario. “Nuestro trabajo es silencioso, cuando se gana un pleito no se entera nadie y, cuando se pierde, la culpa es nuestra”, sentenció Almenara, que concluyó que “a medida que la actividad administrativa municipal se ajusta más a la ley, es mas fácil obtener una sentencia favorable en los tribunales”. 

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