La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha decidido en su reunión de hoy defender ante los tribunales de Justicia la permuta de los terrenos donde se ubica la Parroquia de San Manuel de Las Lagunas, construida hace 20 años, operación urbanística que todavía no había sido legalizada a efectos registrales y catastrales y a la que ahora la Junta de Andalucía se opone.

Se trata de una situación que el actual equipo de gobierno trató regularizar, mediante realización de un expediente administrativo y la posterior aprobación de un acuerdo plenario - que contó con el voto favorable del principal partido de la oposición - por el cual los terrenos en los que se construyó en 1993 la Parroquia pasarían a ser de titularidad registral del Obispado de Málaga y, a su vez, el Ayuntamiento se anotaría unos terrenos cedidos por la Iglesia Católica al municipio y que sirvieron, hace años, para el desarrollo de un sector del Camino de Campanales.

El acuerdo plenario por el cual el Ayuntamiento de Mijas daba el visto bueno a la regularización de la operación urbanística fue trasladado, conforme marca la legislación actual, a la Junta de Andalucía para que, como administración tutelante de los trámites urbanísticos, diera el placet definitivo a la misma.

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha rechazado su aprobación definitiva y ha planteado un pleito contra el Ayuntamiento de Mijas por la aprobación plenaria de dicho acuerdo. Ante esta situación, la Junta Local de Gobierno ha decidido hoy que “nos vamos a defender, porque nos oponemos a la decisión” del Gobierno autonómico, según señaló el portavoz municipal, Mario Bravo.

“Creemos que hemos actuado legal y justamente”, señaló Mario Bravo, quien explicó que “la Parroquia lleva muchos años construida, ahí se han bautizado, han hecho la comunión y se han casado muchísimos mijeños y lo único que debemos hacer es que los terrenos que ocupa estén a nombre de la Iglesia”.

A juicio del portavoz del equipo de gobierno, la negativa de la Junta de Andalucía a aceptar la regularización de la permuta de los terrenos “son pegas y no justificaciones” y mostró su confianza en que los tribunales de Justicia zanjen esta situación y permitan “legalizar lo que es una realidad”.

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