El PP de Mijas exige al Gobierno de España que suspenda la tramitación de la reforma propuesta del Reglamento General de Costas y “abra un proceso real de diálogo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los sectores afectados antes de adoptar cualquier decisión que altere el futuro de los chiringuitos y restaurantes de playa”. La formación asegura que la modificación del Reglamento General de Costas “ha creado mucha incertidumbre entre los empresarios del sector de playa” y, por otro lado, denuncian los populares, “amenaza a un modelo consolidado durante décadas y frena las decisiones de inversión”. 

El coordinador en Mijas del Partido Popular, Carlos de Benito, que este jueves ha mantenido un encuentro con representantes del sector, señaló tras este que “si un día llegamos a las playas de Mijas y encontramos los chiringuitos cerrados, no será por falta de clientes. Será por decisiones tomadas desde un despacho, sin escuchar a quienes conocen y sostienen nuestro litoral y con el silencio cómplice de Josele González”, quien, critican los populares, “también criticó las obras de aporte de arena a nuestras playas  afirmando que eran un desperdicio”.

El popular explicó que el anteproyecto sometido a información pública modifica el procedimiento de concesión para actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre, “establece sistemas de concurrencia y evita las renovaciones automáticas”.  El PP aclara, por otro lado, que no cuestionan “ni el cumplimiento de la normativa europea ni la obligación de proteger la costa, pero advierte de que cualquier cambio debe hacerse con seguridad jurídica, plazos razonables y respeto a las inversiones realizadas conforme a la legislación vigente”.

Motor económico 

“Los chiringuitos y restaurantes de playa forman parte de la identidad y de la imagen turística del municipio. Muchos mantienen su actividad durante los doce meses del año, generan empleo estable, atraen visitantes y sostienen a familias, proveedores y pequeñas empresas locales”, añadió De Benito, quien resaltó además que “la falta de certeza sobre el futuro de las concesiones dificulta la planificación y puede paralizar inversiones necesarias para mejorar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de estos establecimientos”. "Cuando un empresario no sabe si podrá mantener su actividad, deja de invertir; cuando deja de invertir, se resiente el empleo; y cuando se resiente el empleo, pierde toda Mijas", aseveró el coordinador del PP local. 

El partido, por tanto, reclama la suspensión de la tramitación del actual anteproyecto hasta alcanzar un marco consensuado, una moratoria urgente de los deslindes en curso, la paralización cautelar de actuaciones de reversión o demolición que puedan causar daños irreversibles a propiedades y actividades económicas y  la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar la reforma con participación autonómica y municipal.

Por último, el PP de Mijas pide al secretario general del PSOE local, Josele González, que “que se posicione y aclare públicamente si respalda la reforma planteada por el Gobierno de su amigo Pedro Sánchez o si se suma a la defensa de los empresarios, trabajadores y familias que viven del litoral mijeño”. 

Empresarios

Por su parte, empresarios del sector de playas aseguran que la situación es “preocupante”. “Los chiringuitos estamos en un limbo jurídico tremendo”, señaló Ramón Velasco, propietario del chiringuito La Familia, quien explicó que “nosotros funcionamos como empresa, cumplimos con la ley, tenemos a todo nuestros trabajadores asegurados, pagamos nuestro IVA, nuestros impuestos, estamos al día con todo y trabajamos muy duro; y resulta que no tenemos ninguna garantía de que podamos seguir trabajando”. Velasco recordó que de la actividad que generan los establecimientos del litoral “dependen muchas familias” y que los empresarios lo que piden es “seguridad jurídica, garantías de continuidad y seguir trabajando”.

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