Desde que arrancara la crisis en el año 2008 hasta hoy, a los ciudadanos nos resulta extremadamente difícil, incluso imposible, luchar contra esa burbuja que ha terminado estallándonos en la cara, contra la prima de riesgo, contra los especuladores, que hacen que la economía mundial, lejos de atemperar, nos atenace aún más, contra las impopulares medidas de austeridad que nos oprimen. Pero hay cosas contra las que sí se puede luchar y se pueden evitar, a poco que apliquemos el sentido común y adecuemos la legislación al servicio del ciudadano, nunca contra él.

La actual ley hipotecaria, además de obsoleta, se ha convertido en una herramienta cruel que está ocasionando mucho, muchísimo daño a esas también muchas personas con problemas para afrontar la deuda con el banco que le prestó el dinero para adquirirla. El texto legislativo fue redactado en unas condiciones que no guardan parecido alguno con lo que estamos atravesando. Es motivo, pues, más que suficiente para modificarla, antes de que acabemos todos en la calle y alcancemos en economía un punto sin retorno del que realmente no sea posible salir.

La vivienda es el bien más básico que pueda poseer el hombre, aunque a tenor de lo que estamos viendo, podamos concluir que es mejor la opción del alquiler frente a la compra, al menos en estos aciagos tiempos.

Seis familias malagueñas reciben una orden de desahucio cada día. Hagan cuentas. Durante el primer semestre de 2012, un total de 2.055 desahucios se han producido, solo en la provincia de Málaga, amenazando con duplicar las cifras del año anterior.

La Diputación de Málaga promueve una loable iniciativa con la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, un servicio gratuito de intermediación entre el afectado y el bancoColectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), promueven la recogida de firmas para que se adecue la paralización inmediata de los desahucios, la dación en pago, así como la implantación de un alquiler social por parte de los bancos con los afectados, de forma que durante al menos cinco años solo abonen una renta mensual no superior al 30% de sus ingresos.

Nada menos que 500.000 firmas son necesarias para promover una Iniciativa Legislativa Popular, aunque sería más fácil que los miembros del Congreso de los Diputados abriesen bien los ojos para ver qué está sucediendo con miles de familias en toda España. Un matrimonio mijeño, uno de tantos, tiene un cortísimo plazo para bien saldar la deuda con el banco o abandonar su vivienda, casi totalmente pagada, por mor de una serie de negligencias profesionales y un contexto totalmente surrealista. ¿Es posible que esto llegue a ocurrir así?. Es una triste historia que invitamos a leer en este mismo ejemplar (página 10).

La Diputación de Málaga promueve una loable iniciativa con la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, un servicio gratuito de intermediación entre el afectado y el banco. Pero si alguien les pide que firmen para engrosar la lista de las 500.000 firmas, hagan ese pequeño esfuerzo. Y ojalá mañana no nos toque…

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