Acaba de fallecer Gregorio Peces-Barba, uno de los siete redactores de la actual Constitución. El catedrático, jurista y político, después de una dilatada y meritoria vida, nos abandona cuando el sistema político que ayudó a crear, junto a los fallecidos Gabriel Cisneros, Jordi Solé Tura y Manuel Fraga Iribarne, y los vivos Roca Junyent, Pérez-Llorca y Herrero de Miñón, parece también tambalearse.
Los padres de nuestra Constitución hicieron un sobresaliente trabajo, tal vez crearon en 1978 el mejor sistema político que haya podido conocer este país llamado España. Y dentro del mismo, la regulación con esmero de nuestro Estado Autonómico al que dedica 16 artículos, del 143 al 158, lo que evidencia la importancia y carácter que a esta ordenación se le ha dado.
Pero España es hoy un país semi-intervenido, situación a la que no hemos llegado sin méritos propios. Nuestro actual sistema político y económico puede irse al traste y posiblemente van a cambiar por completo las cosas.
Las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia y ahora Cataluña, han pedido el rescate financiero al no poder afrontar las deudas. Otras sacan pecho y aparentan estabilidad. Pero los ciudadanos se preguntan acerca del por qué la duplicidad de competencias y despilfarro.
Cabe esperar de todas, pero especialmente de aquellas que han pedido el rescate, que antes de pedir dinero a papá Estado hagan un verdadero ejercicio de austeridad, asumiendo que España es el país que a todas las comunidades y ciudadanos representaSolo en Embajadas autonómicas en el extranjero, sálvese la que pueda, se gastan 150 millones de euros al año, haciendo un total de 192 oficinas autonómicas repartidas por el mundo, de las que solo se rebajarán, por ahora 26. ¡Pero ninguna de ellas tiene competencias en Asuntos Exteriores! ¿Tal vez un fallo de los padres de la Constitución que no se la otorgaron?, o un exceso en la libre interpretación, ostentosa y costosa de quienes han sido más papistas que el Papa.
Cataluña, la última en pedir el rescate financiero, mantenía a mediados de 2010 nada menos que 48, muchas de ellas en solitario y en lugares tan insólitos como Singapur, Sydney o El Cairo. Le sigue la Comunidad Valenciana con 23, Andalucía cuenta actualmente con 22. A más distancia, País Vasco y Asturias con 13 oficinas cada una. Murcia y Galicia, ambas con 12; Madrid 11; Castilla y León, Aragón, Canarias y Navarra, con 5 oficinas cada una; Extremadura con 4 y, por último, La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria, con 2 cada una. Pero nos seguimos preguntando el por qué de esta crisis.
El Gobierno dispone de 129 embajadas y 97 consulados, las mismas que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, para acabar con la política de compartimentos estancos. Cabe esperar de todas, pero especialmente de aquellas que han pedido el rescate, que antes de pedir dinero a papá Estado hagan un verdadero ejercicio de austeridad, asumiendo que España es el país que a todas las comunidades y ciudadanos representa.
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