La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha avalado el proceso de regularización de viviendas fuera de ordenación emprendido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas, según ha señalado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro.

El pasado martes, el concejal mantuvo sendas reuniones en Sevilla con la directora general de Inspección de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Urioste, y con la Secretaria General de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, en las que se puso de manifiesto el apoyo de la Junta al proceso de regularización, que fue calificada por ambas interlocutoras autonómicas como “referente en Andalucía”, por lo que “nos han abierto todas las puertas” a fin de culminar el curso de la legalización.

La regularización que el equipo de gobierno ejecutará pasa por una revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana en Suelo no Urbanizable, que previamente necesitará de la realización de un inventario de los asentamientos y viviendas en los distintos diseminados y de la redacción de planes especiales de urbanización e infraestructuras, sin cuya aprobación los propietarios de viviendas susceptibles de normalización no podrán iniciar el proceso de individual de legalización.

Según comentó el concejal Manuel Navarro, en unos dos años puede estar finalizado el inventario y la revisión del PGOU, y en otros dos los planes especiales. “Siempre hemos dicho que iba a ser un proceso muy largo”, indicó el concejal, quien además explicó que la Junta de Andalucía apuesta por calificar los asentamientos en suelo no urbanizable en la futura revisión del PGOU como hábitat rural, urbanización o suelo urbano no consolidado.

“Todo el proceso se hará ajustándonos estrictamente a la legalidad, para que no haya sorpresas de futuro o falsas promesas”.“La Junta nos ha pedido prudencia en todos los pasos y decisiones, porque nos hemos convertido en referente de toda Andalucía”, declaró Manuel Navarro, “por cómo estamos trabajando, por el criterio y por el enfoque que hemos dado a la solución del problema” que a juicio del concejal de Urbanismo “se hará ajustándonos estrictamente a la legalidad, para que no haya sorpresas de futuro”.

En este sentido, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha reconocido la “valentía política” del equipo de gobierno de Mijas “por decir siempre la verdad” sobre el proceso de regularización “ya que llevamos más de cuatro años diciendo que no todas las viviendas podrán ser legalizadas, algunas tendrán que ser demolidas, y por dejar bien claro que el proceso de regularización lo tendrán que pagar los vecinos beneficiados”.

Así, el concejal señaló que “no estamos paralizando expedientes, porque no se puede, ni quitando multas coercitivas hasta averiguar cómo hacerlo legalmente, aunque no vamos a iniciar ningún embargo” e insistió en que “en ningún momento, nadie del equipo de gobierno ha dicho que se van a quitar las multas coercitivas”.

“Para mí, como concejal de Urbanismo y de Viviendas Irregulares, es un orgullo y una satisfacción que en estos cuatro meses de gobierno nos hayamos puesto a la cabeza de Andalucía”, dijo Manuel Navarro.

El proceso de regularización de viviendas podría estar a día de hoy mucho más avanzado, si el anterior gobierno municipal hubiese cumplido con los compromisos adquiridos con la Junta de Andalucía, como el Plan de Inspección de la legalidad urbanística en Suelo No Urbanizable.

No obstante, la Consejería de Obras Públicas de la Junta ha hecho entrega al Ayuntamiento de Mijas de un estudio de localización de viviendas y asentamientos en suelo no urbanizable, que sitúa el número de éstas en 3.750, aunque “no todas son ilegales”.

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