Durante el pleno ordinario celebrado hoy, se ha tomado razón del Informe del Control Financiero elaborado por Intervención sobre el proceso de estabilización laboral de los trabajadores municipales. Según explicó el edil de Recursos Humanos y Economía y Hacienda, Mario Bravo (PP), este informe permite contar con un análisis más detallado de la situación de cada trabajador afectado por este proceso, con el fin de que el procedimiento, aseguró Bravo, sea lo más justo posible. 

El edil informó durante la exposición de este punto sobre algunas de las conclusiones que se extraen del documento. “La primera  se refiere a la inclusión de plazas cuyos ocupantes no tienen una relación temporal con el Ayuntamiento de Mijas, porque tienen una relación fija indefinida, es decir, son funcionarios. Por tanto, la primera conclusión es que el proceso de estabilización no se puede aplicar a los funcionarios”, explicó en su primera intervención Bravo. Entre las conclusiones también se insta a que se excluyan aquellas plazas que no están dentro de la estructura municipal, es decir, que no sean competencia de la Administración local y, por otro lado, se recomienda que aquellos puestos que supongan la promoción interna, aseguran desde el equipo de gobierno, deberían contar con un proceso propio independiente al de la consolidación. 

El Ejecutivo explica que el informe emplaza a ajustar el proceso “a la legalidad y evitar impugnaciones, se plantea la necesidad de corregir los defectos y debilidades detectados por la Intervención Municipal en el procedimiento, que pasan por dotarlo de un mayor nivel de detalle de la información incluida en los expedientes”. 

Críticas

Sin embargo, la oposición no comparte esta explicación. PSOE y Ciudadanos piden que se tengan en cuenta a los trabajadores y que se publiquen las listas cuanto antes. Los socialistas insistieron en que el proceso, que se inició bajo su mandato, está dentro del marco de la legalidad, cuenta con informes favorables y ninguna alegación en su contra. “Esta toma de razón lo que parece es un parapeto jurídico para ustedes ante la decisión que van a tomar, impulsado por ustedes mismos ante lo que se les puede venir encima”, aseveró el concejal socialista Josele González, quien añadió que “el equipo de gobierno y, concretamente, la señora Mata, ya tiene decidido que se va a cargar el trabajo realizado por los sindicatos, trabajadores y el equipo de gobierno que yo presidí”. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Cs, José Carlos Martín, dijo que “lo que hay es que resolver, tomar decisiones, o para adelante o para atrás. Pero tomar una decisión, no dar más pautas a seguir, porque al final tienen preocupados a todo el mundo. Tienen preocupados a los trabajadores, a sus familias, hay movilizaciones. Al final, en vez de resolver dudas, ha generado más dudas”. 

 

Garantías legales

Ante estas palabras, la regidora mijeña, Ana Mata (PP), reiteró que el objetivo del equipo de gobierno es la estabilización “del mayor número de plazas” antes del 31 de diciembre, “con las máximas garantías legales e igualdad de derechos para todos los afectados por este proceso”. “Si nosotros llegamos a este punto es porque queremos que el proceso de estabilización salga adelante salvando aquellas plazas que de verdad estén bien enjaretadas en ese proceso que ustedes han creado. No queremos poner en peligro a más de 200 familias que cumplen con los requisitos que establece el proceso de estabilización”, señaló la alcaldesa, quien concluyó afirmando que “queremos que  todos los trabajadores que hay en el Ayuntamiento puedan optar con la misma igualdad que el resto de trabajadores”. Por último, Mata informó en el pleno que el equipo de gobierno ha presentado el informe para su consulta a Función Pública del Gobierno de la nación. 

Asimismo, el Ejecutivo recuerda que “han sido muchos los municipios que han consolidado sus estabilizaciones y que sirven de ejemplo para no incurrir en defectos ni contratiempos. Tal es el caso de Estepona, Marbella, Fuengirola, Vélez Málaga o la propia Málaga capital, cuyos procesos difieren del pretendido en Mijas, tal y como señala la Intervención”.

Trabajadores

Una vez finalizado el pleno, José Santiago, secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Mijas, tomó la palabra en nombre de todos los sindicatos mayoritarios en el Ayuntamiento de Mijas como son, además de Comisiones Obreras, UGT y CSIF. “Independientemente de la toma de razón que se ha hecho del informe de Intervención, del cual no conocemos la totalidad de los términos porque no nos ha sido facilitado, pensamos que, por lo que se ha mostrado aquí, podría ser profundamente lesivo a este proceso de estabilización”, expuso Santiago. 

 

Los sindicatos recuerdan que los que obtengan la plaza tras el proceso de estabilización se quedarán en la Administración local, independientemente de si están ya o no en el Ayuntamiento, y el que no la obtenga entrará en una bolsa de trabajo. Desde los colectivos sindicales consideran que el informe de la Intervención Municipal no es vinculante y señalan que en el Ayuntamiento “se han aprobado otros procesos con informes desfavorables”. Por último, aseguran que pedir un nuevo informe a Función Pública “retrasará el proceso de nuevo”. “Rogamos al equipo de gobierno reconduzca su actitud, vuelva a la negociación colectiva y al diálogo social”, dijo Santiago. 

 

Por su parte, el edil de Recursos Humanos explicó que “vamos a seguir avanzando, una vez que tenemos este informe, en paralelo, vamos a recorrer otras vías, preferimos hacerlo aunque tarde, pero hacerlo bien, no queremos hacerlo rápido y que luego haya que cambiarlo o revisarlo como en otras situaciones y no queremos que eso ocurra”. Bravo añadió que “si lo que quieren oír es que el compromiso del equipo de gobierno para seguir trabajando por esa estabilización para cumplir la fecha del 31 de diciembre, lo tienen”. El concejal aclaró que “no podemos decir exactamente cómo [será el proceso] porque tenemos que valorar todas las alternativas  que se ponen encima de la mesa”.  

Tras el pleno, los monitores deportivos leyeron un comunicado para expresar su preocupación porque la Agencia Pública del Deporte aún no es una realidad. En nombre de este colectivo, Remedios Valenzuela manifestó la inquietud de estos trabajadores por la nueva licitación de los servicios deportivos municipales y el retraso en la creación del nuevo organismo. “¿Qué medidas se están tomando para avanzar en este importante proyecto [el de la agencia] que garantiza un modelo de gestión con un ahorro para los ciudadanos mijeños de más de 600.000 euros al año, cantidad nada despreciable con la que podrían mejorar muchas instalaciones y maquinarias?”, preguntó Valenzuela. 

 

Bravo contestó que “estamos trabajando para sacarla adelante, la licitación para continuar con la empresa privada queremos que sea simplemente un puente lo más breve posible” hasta la creación de la agencia. 

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