El pleno del Ayuntamiento de Mijas ha aprobado inicialmente la propuesta presentada por el equipo de gobierno que dirige Ángel Nozal sobre el Avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminados, es decir, el documento técnico que posibilita el inicio del proceso de regularización de viviendas.

Documento elaborado por una prestigiosa consultoría contratada por el Ayuntamiento, y que se basa en el decreto recientemente promulgado por la Junta de Andalucía que abre la vía de la regularización de viviendas y edificaciones ilegales, ubicadas en suelo no urbanizable.

Se trata del primer paso formal dado por un Ayuntamiento en el conjunto de Andalucía  para comenzar el proceso de regularización, y con el que el equipo de gobierno pretende “solucionar el problema social más grave de Mijas”, según ha señalado durante la sesión plenaria el alcalde Ángel Nozal.

El documento califica las viviendas en suelo no urbanizable en dos sistemas distintos, por un lado los Asentamientos Urbanísticos – agrupación de de 10 o más edificaciones por hectárea – y, por otro, el Hábitat Rural,  de 5 a 10 edificaciones por hectárea, lo que, conforme a la legislación vigente, permitirá la legalización de este tipo de infraestructuras.

El resto de edificaciones tendrá la consideración de viviendas aisladas, aunque éstas podrán ser regularizadas si tienen más de 4 años de antigüedad, no están inmersas en ningún tipo de expediente ni se ubican en terrenos de especial protección.

Una vez aprobado de forma definitiva el informe por el Ayuntamiento de Mijas – ahora se abre un plazo de exposición pública - la Junta de Andalucía tendrá que darle su visto bueno, lo que precipitará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Mijas, en el que se incluirá las nuevas clasificaciones del suelo, elemento indispensable para la regularización.

Situación que el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, aseguró no significará que “las viviendas se regularicen en dos semanas, porque esto es un proceso largo y lento, en el que intervienen muchas competencias de distintas delegaciones de la Junta de Andalucía”.

A juicio del concejal, el proceso iniciado por el Ayuntamiento de Mijas “es el camino a seguir” ya que se basa “en el decreto de la Junta”  mediante el cual se podrá poner el punto final “a una injusticia histórica”.

Además, Navarro insistió en que el Ayuntamiento de Mijas “irá de la mano de la Junta” en un proceso que el propio responsable de la política urbanística mijeña aseguró que “hay que sacar del debate y la confrontación política”, porque “el paso que hemos dado hoy es un paso firme y sereno, es la primera piedra que entre todos estamos poniendo para solventar el problema”.

El documento aprobado hoy por el pleno, refleja la existencia en el término municipal de Mijas de 4.177 edificaciones ilegales en el campo. No obstante, el concejal de Urbanismo señaló que es “un documento abierto” por lo que invitó a los propietarios de viviendas irregulares cuyo inmueble no se encuentre recogido en el Avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminados “a presentar las alegaciones oportunas”, para que el inmueble pueda ser incluido en la relación final de edificaciones a regularizar.

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