Este jueves, el Ayuntamiento de Mijas, después de ocho meses celebrando plenos telemáticos debido a la pandemia, recuperaba el formato presencial para debatir los puntos de la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo. Entre ellos, tres expedientes extrajudiciales de crédito. 

Primer extrajudicial

El primero era un informe sin reparo de 20.094 euros correspondiente a facturas de finales del ejercicio anterior. El punto, sin polémica entre el equipo de gobierno y la oposición, se aprobaba con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PP y la abstención de Podemos y el concejal no adscrito, Carlos Rivero.

Segundo extrajudicial

El segundo extrajudicial, relativo también a facturas de 2020 y por un importe de 129.823 euros, presentaba discrepancia. Con él, se abría el debate. Lo iniciaba el edil del PP Mario Bravo, quien manifestaba que “el hecho de que se produzcan discrepancias un mes tras otro, un año tras otro, y nadie nos diga por qué o qué se está haciendo para solucionar esa discrepancia o fijar un criterio claro no ofrece mucha confianza”. El edil añadía que “fueron 14 millones de euros los que se gastaron en el año 2020 con una discrepancia profunda entre la Intervención General y los técnicos de este ayuntamiento”.

A estas palabras respondía el concejal de Hacienda, Roy Pérez (PSOE): “la ley es la ley y la discrepancia existe y se da en todas las administraciones, no siempre se van a poner de acuerdo todas las partes y, en este caso, hay discrepancia por parte del Servicio. La forma en que usted se expresa es de una desconfianza prácticamente absoluta hacia los técnicos municipales”.

El punto se aprobaba con el voto favorable de PSOE y Ciudadanos, la abstención del concejal no adscrito y los votos en contra del PP y Podemos. 

Tercer extrajudicial

Y el tercer y último expediente extrajudicial que se ponía sobre la mesa era de 166.440 euros con conformidad, referente, según el PP, a contratos “irregulares”. “Saque la lista de ayuntamientos que sus escuelas infantiles estén sin contrato desde junio de 2017, traiga también los contratos de alguna escuela infantil prorrogados pero que no estén pagando el canon”, advertía Bravo a Pérez, quien le respondía afirmando que “todo tiene un contrato en este Ayuntamiento, esto no es la época en la que ustedes gobernaban, que no se hacían contratos o se hacían por teléfono; quizás es esa la gestión que echan de menos, la que usted alaba y la forma de proceder, que tantos problemas han traído a los que hemos venido después”.

La concejala de Podemos, Esperanza Jiménez, que se mostraba a favor de la cesión de la gestión de servicios públicos a cooperativas y empresas locales y no a grandes multinacionales, planteaba que “hablamos de un contrato inexistente y de pagar 126.000 euros a la empresa sin contrato con el Ayuntamiento. Ante estas irregularidades, preguntamos al concejal responsable: ¿qué medidas piensa tomar contra la empresa Clece por esta cesión unilateral del contrato y cómo se va a regularizar?”.

Pérez le contestaba asegurando que “el contrato de las escuelas infantiles está en la fase de resolver la solvencia y, en breve, las empresas podrán ofertar esos servicios”. El edil apuntaba, además, que “tanto los contratos mayores como menores siguen un expediente de contratación, diferencia entre este gobierno y el del Partido Popular”.

El punto, pese a la oposición de PP, Podemos y el concejal no adscrito, se aprobaba con los votos de PSOE y Ciudadanos.

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