Puede que aún no hayamos perdido del todo la capacidad de asombro, pero cada día nos lo ponen más fácil, en este caso con la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral, por las inusuales circunstancias que concurren en la que será la número seis desde la instauración de la democracia.
Efectivamente, esta convocatoria está propiciada por los mismos sindicatos que han estado bien callados ante la escalada del paro con el Gobierno de Zapatero.
Precisamente ese ex gobierno de Zapatero, es el que con dudosa responsabilidad secunda también la huelga general, ahora que uno nuevo se la está jugando con una serie de reformas, acertadas o no (el tiempo lo dirá), llevándose las manos a la cabeza y protestando contra su propia obra.
Es cierto que la reforma laboral supone un retroceso en los derechos laborales, ojalá no hubiese habido nunca necesidad de recurrir a ella en los términos que la conocemos.
Es cierto que la reforma laboral supone un retroceso en los derechos laborales, ojalá no hubiese habido nunca necesidad de recurrir a ella en los términos que la conocemos. No menos cierto, que la realidad laboral en la que hoy nos movemos es, la de una parte de la población que no tienen ningún derecho laboral, por no tener precisamente trabajoNo menos cierto, que la realidad laboral en la que hoy nos movemos es, la de una parte de la población que no tienen ningún derecho laboral, por no tener precisamente trabajo, y otra que, teniéndolo, no tiene garantías de que vayan a poder mantenerlo, ya que sus empresas habían entrado en la crisis económica sin haber sido adoptada la más mínima regulación que las haga poder seguir siendo competitivas y generadoras de empleo.
Lo ha dicho el profesor de Política de Empresa Leopoldo Abadía: “De esta crisis no nos van a sacar los gobiernos, sino las empresas”, cuidémoslas.
Inusual es esta huelga general, por no haberle sido concedido al Gobierno actual los consabidos cien días de gracia para evaluar su gestión y, por investirse los sindicatos en elemento de desgaste al Partido Popular de cara a los comicios autonómicos, un papel que debería estar reservado al estamento político.
Insólita, por producirse tan solo cuatro días después de las elecciones andaluzas y que será, sin lugar a dudas, un buen referente para el Gobierno de la Nación, en cuanto a la aceptación andaluza de la línea emprendida para el conjunto del Estado.
E injusta, por llevarse a cabo un día antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, los primeros que llevarán la firma de Mariano Rajoy.
Coincide la convocatoria a la huelga con ajustes que afectan de pleno a los sindicatos, como la reducción del papel de interlocución de estos con las empresas, restricción de sindicalistas liberados (los que cobran, pero no trabajan), y la reducción de fondos destinados a la formación de los trabajadores, la fuente de financiación más importante de los sindicatos UGT y CC.OO
La Unión Europea cifra el déficit de España en el 8,58%, lo que supone que debemos 85.800 millones de euros, y nos exige rebajarla en un año hasta los 44.000 millones, algo que se nos antoja imposible.
Aún en el caso de conseguir bajar la astronómica cifra a los 58.000 millones, que ha anunciado el presidente del Gobierno en clave de plante, solo llegaremos a esa cifra a base de enormes sacrificios que deben ser abordados sin más dilación.
Habrá que trabajar más y cobrar menos. Subir los impuestos y reducir los gastos, es lo que dicen los expertos. Lo contrario, nos puede acercar a la realidad griega, que es tanto como caer en un pozo de difícil salida.
Sería de cuerdos suspender la huelga puesto que hará daño al Estado y al bolsillo de los trabajadores que la secunden. No las tienen todas consigo los sindicatos, a los que cabe, además de la suspensión, pedirles que ejerzan el derecho Constitucional sin coacciones a los propios trabajadores y a las empresas. Hablamos de un derecho, no de una obligaciónSería de cuerdos suspender la huelga puesto que hará daño al Estado y al bolsillo de los trabajadores que la secunden. No las tienen todas consigo los sindicatos, a los que cabe, además de la suspensión, pedirles que ejerzan el derecho Constitucional sin coacciones a los propios trabajadores y a las empresas. Hablamos de un derecho, no de una obligación. Solo así, sabremos al final de esa misma jornada si la convocatoria ha sido un éxito o fracaso de participación. Pero el resultado real y su repercusión económica, a priori, ya lo sabemos.
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