El presidente y portavoz del PSOE en Diputación, Francisco Conejo, y el diputado mijeño José Antonio González denuncian que la Diputación de Málaga adjudicó 11 contratos “a dedo” a Santiago Martín (PP) una vez que ya había presentado su dimisión como concejal y estaba siendo investigado por supuesto cohecho por el caso Mijas. A estos 11 contratos hay que añadir otros 4, sumando un total de 13.177 euros en adjudicaciones al restaurante propiedad de Martín. El establecimiento se encargaba de las comidas que se servían a los mayores que visitaban Mijas como parte de las actividades del ente supramunicipal. El PSOE afirma haber obtenido la información sobre los contratos después de pedirla a la Intervención General de la Diputación, que difiere de la que aparece en el portal de transparencia de la institución, “en la que solo se han publicado cinco”.

Según Conejo, este podría ser “el precio que ha pagado” el presidente de la Diputación y de los populares de la provincia, Elías Bendodo, “para que el dirigente del PP dimitiera” y que conecta a Bendodo “con el caso Mijas, uno de los mayores escándalos políticos de la provincia”. En ese caso, la justicia investiga el presunto intento de compra del concejal de CSSP en Mijas, Francisco Martínez Ávila, por parte del PP a cambio de su voto en una hipotética moción de censura. Asimismo, Conejo se preguntó si Ciudadanos seguirá apoyando al PP [en Diputación] cuando los “han intentado echar de la alcaldía más importante que tienen en Andalucía”.

Por su parte, González afirmó que estas 15 facturas se han emitido desde la misma delegación: la de Servicios Sociales, a cargo de la diputada y concejala mijeña Lourdes Burgos, quien “directamente ha contratado hasta en 15 ocasiones por más de 13.000 euros a su compañero del PP de Mijas”. El diputado socialista subrayó que Martín “ni está apartado ni desvinculado del PP” ya que hace apenas unos meses fue nombrado responsable de Turismo y Cultura dentro de la dirección del PP mijeño. Por último, reclamó a Bendodo que “ponga orden en Mijas”, ya que tiene a un concejal dimitido e investigado; al presidente local, Ángel Nozal, triplemente imputado; y a una concejala y diputada que se dedica a hacer contratos a dedo con sus amigos y compañeros con el dinero de todos los malagueños”.

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