El orden del día del pleno del mes de abril contenía tres puntos referidos a expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. El primero de ellos, relativo a dos facturas que entraron en el mes de noviembre y que sumaban 5.716 euros, no tenía informes de reparo y salió adelante con los votos a favor de todos los grupos y la edil no adscrita, únicamente Costa del Sol Sí Puede (CSSP) se abstuvo. “Es de nuevo un extrajudicial de crédito y esto se produce, entiendo, por una gestión deficiente”, argumentó su portavoz, Francisco Martínez Ávila, algo en lo que incidió el portavoz adjunto del PP, Mario Bravo, quien tachó la circunstancia de “dejadez y desidia”.
Por su parte, la concejala de Hacienda, Mari Carmen González (PSOE), recordó que esta figura legal existe para dar salida a facturas atrasadas y que no se enriquezca injustamente la administración. Asimismo, explicó que en este caso no existen informes de reparo de Intervención. “Asumimos nuestra responsabilidad pero entendemos que siguen fallando los procedimientos por diferentes motivos, como puede ser la falta de recursos, es por ello que estamos buscando fórmulas que acoten los tiempos; de hecho, hemos incorporado cuatro técnicos, uno al departamento de Contratación y otros tres a los que se han encargado labores de apoyo”, explicó la edil, quien matizó que, “en cuanto la situación se regularice, irán desapareciendo los extrajudiciales”.
Sin embargo, los dos siguientes expedientes no obtuvieron el respaldo necesario para salir adelante. En ambos casos, votó a favor el equipo de gobierno, formado por PSOE y C’s, y en contra el resto de la Corporación.
El primero de ambos, relativo a diversas facturas por un total de 36.310 euros, contaba con disconformidad. “Por parte del servicio gestor se discrepa con el informe de reparo de Intervención, el cual alude a incumplimientos contractuales”, adelantó González.
La edil no adscrita, Helena Adba, indicó que, basándose en el informe de Intervención, no podía dar su voto afirmativo. Martínez Ávila, por su lado, hizo hincapié no solo en los reparos de Intervención, sino también en las discrepancias. “Algunas fueron presentadas en octubre del año pasado y es ahora cuando vienen a pleno; por ejemplo, como las de Telefónica, que se están abonando con discrepancia porque no hay contrato”, finalizó.
El portavoz de Ciudadanos, Andrés Ruiz, manifestó que, “independientemente de que se traten de extrajudiciales de crédito, lo que es de justicia para los proveedores y de responsabilidad es permitirles cobrar, la edil de Hacienda ya ha comentado que se están poniendo los medios para que dejen de producirse y de hecho las cantidades que ahora se están dando refleja que así es”.
Bravo instó a que esta “situación no se eternice y que aún menos provoque discrepancias entre el jefe de Servicio y el interventor, lo que significa que uno de los dos se está equivocando, se debería establecer un criterio único a seguir”. Argumento que fue rebatido por Ruiz, quien manifestó que “la ley se puede interpretar de forma distinta y todas son legales”.
El siguiente expediente ascendía a 46.549 euros y se trataba de facturas con informe de reparo de Intervención que, en este caso, contó con la conformidad del servicio gestor. Mientras los portavoces se reiteraron en sus mismos razonamientos, la edil de Hacienda aprovechó para conminar al PP, censurando su “ironía” cuando se “autoproclama defensor de los intereses de los proveedores” y señaló que “los populares demuestran su falta de interés por velar por los intereses de los proveedores al negar el cobro de estas facturas a empresas, algunas de ellas ubicadas en Mijas”.
Ahora, las facturas de los dos expedientes serán devueltas a las empresas, que deberán interponer un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno para poder cobrarlas, lo que retrasará su abono.
González asegura que se están tomando medidas para reducir el periodo medio de pago a proveedores
En el pleno se dio cuenta del cumplimiento de las obligaciones en cuanto al periodo medio de pago (PMP) correspondiente al pasado mes de febrero. Ante las críticas del portavoz adjunto del PP, Mario Bravo, quien incidió en que el PMP lleva “21 meses incumpliéndose”, la edil de Hacienda, Mari Carmen González (PSOE), justificó que el Ayuntamiento haya aumentado de 47 a 53 días en el citado mes. “Es cierto que ha subido respecto al mes de enero, pero se están tomando medidas, cosa que antes no se hacía”. La concejala subrayó que se está “procediendo a reclamar a los departamentos que tienen facturas pendientes de responder a informes de reparo” para que sean “conscientes de que el PMP sube y de que, por tanto, las empresas cobran más tarde”.
González considera que “muchas veces los servicios no cuentan con recursos suficientes o no El PP criticó que el periodo medio de pago haya pasado de 47 a 53 díasreparan en este hecho”, por lo que se va a implantar un “protocolo interno” para agilizar la salida de facturas. Además, “está prácticamente listo un sistema electrónico” que contribuirá en gestionarlas.
Bravo recordó que, “con protocolo o sin protocolo, con el PP se pagaban a proveedores en 3 días” y aludió a unas palabras de la edil en las que decía que “antes las facturas se aprobaban sin fiscalización, lo cual no es posible”. El popular esgrimió que el equipo de gobierno está pagando “a 70 días” y le animó a “cumplir la ley en lo que queda de mandato”.
Al respecto, González mencionó que ella solo “se limitó a leer parte de un informe de marzo de 2015 que acompañaba al pago de una serie de facturas, en él se advertía que la aprobación del gasto sin la correspondiente fiscalización previa puede dar lugar a incumplimientos normativos”.
Asimismo, la socialista arguyó que le parecía “curioso que el concejal sacara pecho con los antecedentes de acuerdos marco con los que se contrataba y sin consignación presupuestaria” y explicó que el pago medio a proveedores era inferior “porque los expedientes extrajudiciales salían gracias a un criterio diferente al actual, ni mejor ni peor, distinto, que ayudaba a que fuera menor el tiempo de espera”.
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