Mucho ha corrido la televisión en los últimos quince años, y mucho tiene que frenar ahora, con esto de la crisis y los avances tecnológicos. Lo malo de los frenazos es que suelen ser bruscos, aunque casi siempre, necesarios. La televisión municipal de Valencia ha cerrado. La autonómica de dicha comunidad, también.
El Gobierno prepara una auditoría de las cuentas de RTVE que prevé un ajuste presupuestario de 200 millones de euros, algo de lo que el ente público se va a resentir. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como autoridad independiente supervisora y reguladora de la actividad de los medios de titularidad del Estado, prevista su creación en la Ley General Audiovisual y dotado con un presupuesto de 6,5 millones de euros, va a morir antes de haber nacido, por innecesario (sus funciones las pueden asumir otros organismos ya existentes).
La TDT, que tanto ha costado y removido la industria audiovisual, puede quedar como algo desfasada en pocos años, tal vez por seguir representando ese modelo que ya fue etiquetado hace años, como caja tontaPor otro lado, la joven Ley General de la Comunicación Audiovisual (7/2010) se modifica para exonerar a las televisiones autonómicas de la obligación de producir por ellas mismas los espacios informativos, lo que significa que podrán ser encargados a productoras externas, presumiblemente, a menor coste que si fuesen hechos desde dentro. La continuación de esta medida es despejar la siguiente pregunta, ¿qué se hará con los profesionales que hasta ahora lo vienen haciendo?
Muchos expertos sostienen que las televisiones, cuanto más grandes son, menos producción propia tienen, convertidas así en meras gestoras de presupuestos, normalmente públicos, ocupadas en la externalización de productos audiovisuales de consumo. Y viene lo anterior a cuento de dignificar a la televisión local de proximidad, la que suele ser principio y fin de su cadena productiva de contenidos, tanto informativos, como formativos y de ocio, lo que viene en conocerse como “servicio público”.
Entretanto todo esto ocurre, aquí, en Andalucía, los canales de televisión ilegales proliferan como hongos en época de lluvia. Los contenidos que atentan contra todo lo legislado, como la mujer, infancia, el crecimiento de las personas… son precisamente el caldo de cultivo de estos piratas modernos, que no tienen escrúpulos en aprovecharse de la ignorancia para vender tarot, videncia, pornografía… todo lo que representa dinero fácil obtenido mediante fraude y subterfugio.
El Consejo del Audiovisual de Andalucía (similar a lo que habría sido el CEMA para toda España), tras sesudas reuniones llevadas a cabo el 4 de abril y el 17 de mayo de 2011, aprueba, en su Consejo de Gobierno del pasado mes de noviembre, elevar a propuesta de definición, cuándo un contenido es pornográfico, basándose, entre otros criterios, en las distintas definiciones a lo largo del tiempo que viene mostrando la Real Academia Española. El Consejo del Audiovisual, que fuera creado en 2005, y dotado en 2011 con un presupuesto de 5,4 millones de euros, ya ha corrido para darse cuenta de ello.
Y a todo esto, la Comisión Europea anuncia que la televisión conectada a Internet es el “siguiente paso”. Más de la mitad de los consumidores europeos usan servicios de vídeo bajo demanda varias veces a la semana, por lo que presentará una estrategia para impulsar esta tecnología en toda Europa.
Contenido bajo demanda, no programado, desde la comodidad del sofá, así es Internet. Representa una importante innovación: el espectador elige el programa, dónde y cuándo lo visiona. Frente a esto, la TDT, que tanto ha costado y removido la industria audiovisual, tanto a nivel público como privado, en el aspecto legislativo, organizativo y económico, puede quedar como algo desfasada en pocos años, tal vez por seguir representando ese modelo que ya fue etiquetado hace años, como caja tonta.
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