La Diputación Provincial, a través del área de Igualdad y Participación Ciudadana, promueve una campaña de difusión en la provincia del Sistema Arbitral de Consumo (SAC) con objeto de resolver los conflictos entre el empresario y el consumidor.

Con el lema “Sistema Arbitral de Consumo. Ahorra tiempo y dinero” esta actividad tiene como objetivo la difusión e información a los consumidores de la Junta Arbitral de Consumo con el fin de que conozcan la mediación, arbitraje y conciliación de un medio rápido y eficaz para la resolución de conflictos sin la necesidad de acudir a los tribunales de justicia.

La diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, ha destacado que para la institución es importante “dar a conocer e informar a los ciudadanos de este servicio, sin coste alguno, que se encarga de proteger a los consumidores y usuarios de la provincia”.

En lo que va de año, la Diputación ha recibido 403 reclamaciones, 45 de ellas en Estepona, convirtiéndose así en el municipio que más quejas ha presentado. En este sentido, la diputada ha precisado que “es la Costa del Sol la zona de la provincia donde se registran más reclamaciones y donde también se aglutina el mayor número de compras, sobre todo en Navidad”.

La campaña recorrerá algunos municipios de la provincia, entre ellos Mijas donde se presentará el próximo lunes 28 de noviembre. La iniciativa va acompañada con el reparto de 15.000 folletos informativos por todas las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) y los Ayuntamientos de la provincia.

La Diputación pone a disposición de los consumidores un teléfono que es el de ventanilla única de atención ciudadana, 900 770 001, órgano de nueva creación en la Diputación de Málaga que tiene entre sus funciones el asesoramiento, información y defensa de los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración provincial.

Los conflictos susceptibles de ser objeto de arbitraje son aquellos surgidos entre consumidores y los empresarios que versen sobre materias en las que no existan indicios de delito, intoxicación, lesión o muerte. El tiempo medio de resolución de un conflicto se estipula entre nueve o diez meses.

Uno de los requisitos es que ambas partes se sometan de manera voluntaria al SAC y siempre que lo solicite el consumidor, no está permitido que pueda pedirlo el empresario.

En primer término, se procede a acordar una mediación previa a fin de solucionar el conflicto y en caso que no se logre, el conflicto se resolverá por el órgano arbitral, imparcial y designado por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo.

En cuanto a las ventajas con respecto al sistema judicial tradicional, el proceso es gratuito, no es necesario abogado ni procurador, el tiempo de espera es menor y el acceso a los miembros de la Junta Arbitral es permanente.
 

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