La Guardia Civil en el marco de la operación “Mina” ha desarticulado una trama relacionada con la supuesta tramitación irregular de licencias municipales para la construcción de edificaciones en el casco urbano de Benalmádena y con la adjudicación ilícita de obras correspondientes al plan FEIL 2009 en el citado municipio.
Los autores de la trama son trece personas, diez de ellas imputadas por delitos urbanísticos, dos detenidas por adjudicación y contrataciones ilícitas de obras y un imputado por un supuesto delito de prevaricación por omisión. Asimismo, se ha practicado un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos.
La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, se procedió a la imputación de diez personas entre las que se encuentran técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y de la Junta de Andalucía, al demostrar su directa implicación en la tramitación irregular de determinados expedientes urbanísticos para la construcción de edificios en el casco urbano de Benalmádena.
En la segunda fase, se ha procedido a la detención de dos personas, un arquitecto técnico del Ayuntamiento y un ingeniero independiente, por la connivencia existente entre ellos para la adjudicación y realización de obras civiles en el municipio con presupuesto a cargo de los fondos FEIL 2009. Estos trabajos se efectuaban con el visto bueno del concejal delegado de Urbanismo que ocupaba cartera en los años 2009 y que ha sido imputado por prevaricación por omisión.
La investigación tiene comienzo a finales de 2009, cuando agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga, pertenecientes al Seprona, practicaron una inspección por la zona de Arroyo de la Miel, comprobando que se había ejecutado una edificación en una zona verde. La promotora de esta edificación, además de que no cumplía con los requisitos preceptivos para su construcción, había iniciado los trámites oportunos de legalización ante el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a su venta como apartahotel, lo que le proporcionaría ciertos beneficios fiscales.
Continuando con la inspección se encuentra una segunda edificación, también construida supuestamente de forma irregular, en cuya ejecución no se había respetado la altura máxima de edificabilidad planteada en el PGOU para la zona.
Paralelamente a los dos casos anteriores, se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009, lo que unido a las construcciones irregulares conduce a iniciar la operación “Mina”, llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y al Seprona.
Una vez analizada exhaustivamente los documentos de los expedientes relativos a las construcciones supuestamente irregulares, se pudo comprobar que existían informes claramente contradictorios y la implicación de responsables del área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y técnicos de la Junta de Andalucía que habrían omitido su actuación a efectos de ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables por el Delegado Provincial de Medio Ambiente.
En cuanto al análisis de la documentación relativa a irregularidades en la contratación y adjudicación de las obras a cargo de los presupuestos de los Fondos FIEL 2009, se detectó la falta de un procedimiento administrativo transparente para la realización de las actuaciones, ya que se adjudicaron aproximadamente el 80% de las mismas a un mismo gabinete de ingeniería, sin concurso previo. De la misma forma, se realizaron fraccionamientos intencionados en algunos de los contratos para “trampear” la legislación vigente, repitiendo ciertos conceptos para provocar pagos extraordinarios e incluso duplicando determinadas facturas para que se liquidaran dos veces.
Todas estas irregularidades confirmaron la connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse en un momento clave del Ayuntamiento, es decir, coincidiendo con la masiva asignación de presupuesto para la realización de obras con cargo a los Fondos FEIL 2009. Fue entonces cuando se procedió a la realización de un registro en el domicilio del arquitecto técnico, en el cual se intervino diversa documentación oficial que no debería encontrarse fuera del ente municipal como facturas, adjudicaciones de obras, pliegos de condiciones etc, y un objeto que llama especialmente la atención por tratarse de una agenda, sin datos, del año 2006, ahuecada con la medida justa para ocultar fajos de billetes.
Por último, se ha procedido a la inmovilización de alrededor de treinta propiedades y de un total de nueve vehículos, así como se han bloqueado varias cuentas y productos bancarios de los dos máximos implicados.
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