La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha instado hoy a la Junta de Andalucía a que garantice que las VPO del municipio sigan gozando del carácter social por el que fueron concedidas a sus propietarios y evite que éstas sean objeto de transacción sin cumplir lo exigido por la ley.
La solicitud formulada por la Junta de Gobierno se produce una vez que el Ayuntamiento de Mijas ha comprobado que algunas de esas viviendas de protección oficial ubicadas en el municipio “están siendo alquiladas o puestas a la venta”, según explicó hoy el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo.
Se trata de intentos de operaciones mercantiles que no se ajustarían a lo estipulado por la legislación vigente en materia de vivienda protegida, cuya competente es la Junta de Andalucía. En este sentido, el equipo de gobierno de Mijas considera que es el ejecutivo autonómico “el que tiene que garantizar que las VPO sigan siéndolo”.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Mijas reclama a la Junta de Andalucía “mayor control”, “inspección” y “diligencia” para evitar que las VPO puedan ser objeto de transacción inmobiliaria “por personas que si antes reunían las condiciones para ser adjudicatarias de una VPO, ahora no las cumplen”. Oferta inmobiliaria que se realiza sin que se cumpla lo estipulado por la legislación vigente.
Sin embargo, “el esfuerzo que ha realizado la sociedad” para construir estas viviendas “ayudando así a los que no podían adquirir una” en el mercado libre “no se está viendo reflejado en la Junta de Andalucía”, según denunció el portavoz municipal.
“No queremos que nadie pierda su vivienda, sino garantizar el derecho a una vivienda digna de los menos favorecidos”, aseguró Mario Bravo, quien insistió que “es la Junta de Andalucía la que tiene que garantizar el uso de esas viviendas como de protección oficial a lo largo del tiempo”.
En Mijas existen tres núcleos de viviendas de protección oficial promovidas desde la óptica pública: calle San Dionisio, Avenida de Andalucía y El Limonar en La Cala. Promociones que a juicio del portavoz del equipo de gobierno son “fundamentales” para “ayudar a la población que no tenía acceso a una vivienda libre”.
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