El equipo de gobierno que preside Ángel Nozal ha saldado hoy (30 de abril) la deuda de 1.764.229,74 € que el Consistorio mantenía con la empresa que en 2005 cedió al Ayuntamiento el conocido como ‘Llano de la Candelaria’, sin que los anteriores equipos de gobierno del PSOE compensaran a la propiedad con los aprovechamientos urbanísticos pactados en sectores que jamás se desarrollaron.
El ‘Llano de la Candelaria’, se ubica en el Camino del Albero de Las Lagunas, en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, y es utilizado por los vecinos como zona de aparcamiento en superficie sin urbanizar. En dicho solar, los anteriores gobernantes anunciaron la construcción de parking subterráneo, que tampoco se llegó a ejecutar.
El concejal de Economía y Hacienda, Mario Bravo, ha hecho entrega hoy al representante legal de la compañía de un cheque bancario por la cantidad anteriormente señalada, según la resolución emitida por la Comisión Provincial de Valoraciones de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en la que se exigía que el pago se efectuase antes de que concluyese el actual mes de abril.
Para evitar un sobre coste por intereses de demora, el equipo de gobierno ha hecho entrega del talón, con lo que se pone el punto final a un capítulo más “de las operaciones urbanísticas que se quedaron pendientes de finalización” durante el pasado mandato municipal “y que están apareciendo ahora”, según señaló el concejal de Economía y Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo.
“Es nuestra obligación pagar lo que el Ayuntamiento debe”, dijo el concejal de asuntos económicos, quien aseguró que el pago de los 1,7 millones por el ‘Llano de la Candelaria’ “no pone en riesgo” el normal funcionamiento de la actividad municipal, “aunque tampoco nos hace gracia”, ya que ese dinero “se podría haber utilizado para otras muchas cosas importantes y que los vecinos están esperando”.
Además de este pago por un incumplimiento urbanístico del pasado mandato municipal, el actual equipo de gobierno debe hacer frente a otro cargo por valor de 1,4 millones de euros al dar la razón un juez a una empresa promotora inmobiliaria que ejecutó la construcción de unos viales y que nunca cobró el solar comprometido por los anteriores mandatarios municipales.
Como consecuencia de la sentencia que da la razón a la promotora inmobiliaria, la autoridad judicial ha ordenando el embargo de dos cuentas bancarias del Ayuntamiento, a pesar de que la legislación señala que este tipo de depósitos públicos son inembargables. La decisión judicial ha provocado que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Mijas haya presentado recurso.
A pesar de que el auto judicial reconoce que el Ayuntamiento debe pagar a la promotora inmobiliaria 1,4 millones de euros, ésta adeuda a las arcas municipales por diversos conceptos una cantidad próxima a los seiscientos mil euros, por lo que el equipo de gobierno espera que ambas cantidades puedan ser compensadas.
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