Hay circunstancias que contribuyen notoriamente al hartazgo de la ciudadanía y al descrédito de las instituciones públicas y de la clase política, porque algunos gobernantes parecen estar plenamente decididos a hacer las cosas de tal forma que claman al cielo, ya que en sus decisiones impera la sinrazón frente a la lógica. Los ciudadanos quieren que sus gobernantes gobiernen con sentido común y criterio.

La parroquia de San Manuel es de ladrillo y cemento, lleva 20 años construida Y no tiene ni lógica, ni razón, ni sentido común ni mucho menos criterio la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de impedir que los terrenos que ocupan la Parroquia de San Manuel en Las Lagunas estén a nombre del Obispado de Málaga.

Puede ser que exista alguna causa legal, algún razonamiento jurídico o urbanístico. Pero esa decisión no  tiene ni pies ni cabeza.  Entre otras razones,  porque la Parroquia de San Manuel no es un edificio religioso en proyecto, o virtual o surgido de la ilusión de algunos feligreses y de algún sacerdote entusiasta.

La Parroquia de San Manuel es de ladrillo y cemento, lleva veinte años construida, cientos de mijeños han sido cristianados en su pila bautismal, han hecho la comunión o se han casado en su altar.

Es decir, el templo existe, no hay mijeño que desconozca dónde está y muchísimos usuarios de la A7, aunque no sean vecinos de Mijas ni profesen la religión Católica, también la conocen porque es un edificio que se ve desde la autovía, por cierto, una de las más transitadas de España.

Pero para la Junta de Andalucía, el gobierno que se supone es de todos los andaluces, la Parroquia de San Manuel no debe existir... entre otras razones porque no quiere admitir el trámite iniciado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas y aprobado en pleno por la inmensa mayoría de los concejales –incluyendo los ediles del PSOE, partido gobernante en la Junta– para que los terrenos donde se asientan los cimientos de dicho templo sean inscritos a nombre de la Diócesis de Málaga y dejen de estar registrados a nombre del Consistorio.

Terrenos que el Ayuntamiento de Mijas cedió al Obispado hace años como permuta de otro solar que sirvió para el desarrollo de una parte del Camino de Campanales. Es decir, hubo colaboración entre una institución pública y un ente religioso del que se benefició la ciudadanía de Mijas en general y los católicos del municipio en particular quienes, por cierto, son la inmensa mayoría.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, lejos de admitir esa realidad, no solo no da el visto bueno al trámite por el que el equipo de Gobierno pretendía poner orden a esta situación, sino que además ha planteado ante los tribunales de Justicia una demanda contra el Ayuntamiento para que anule dicho acuerdo plenario.

Los ciudadanos están hartos de que el dinero público no se utilice para fines que contribuyan al progreso de la sociedad No hay quien lo entienda. Entre otras razones, porque esa demanda le costará dinero a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Mijas –abogados, procuradores...- y tan solo conseguirá que la solución a la legalización de la titularidad de los terrenos se prolongue en el tiempo.

Y los ciudadanos están hartos de que el dinero público no se utilice para fines que contribuyan al progreso de la sociedad y están muchos más que hartos de que las instituciones públicas, en este caso la Junta de Andalucía, se entretenga en poner trabas en vez de proporcionar soluciones. Ni pies ni cabeza.

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