El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha recordado este martes a la Delegación de Educación que la parcela propuesta para la construcción del nuevo colegio de Las Lagunas, y que ahora la Junta de Andalucía rechaza por “no apta”, es la misma que el ex consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, convenió con la ex concejala del ramo y actual portavoz del PSOE en la oposición, Fuensanta Lima.

El ex consejero y Fuensanta Lima, entonces concejala de Educación y candidata a la alcaldía en los comicios de mayo de 2011, firmaron un convenio por el cual se posibilitaba la construcción de un centro de Infantil y Primaria en la misma parcela –“no en otra”, señaló el asesor de Educación del actual gobierno municipal, José María Moreno – que ahora la Junta de Andalucía rechaza por ser supuestamente inundable. “Si entonces, cuando el PSOE gobernaba el Ayuntamiento, la parcela era idónea, por qué ahora no”, dijo el asesor.

A juicio de José María Moreno, “lo único que ha cambiado desde ese famoso convenio con tintes electoralistas” – se firmó a escasos días de las elecciones municipales – “es que el actual equipo de gobierno Ángel Nozal ha invertido cerca de seiscientos mil euros en su urbanización” con el objetivo de posibilitar la construcción del colegio “y acabar así con las aulas prefabricadas”.

En este sentido, el asesor de Educación, José María Moreno, ha hecho un llamamiento a la Consejería de Educación a que “asuma su responsabilidad”, ya que “la misma Administración que firma un convenio no puede ir contra sus propios actos rechazando la parcela que se recoge en ese convenio”. Un hecho que a su juicio demuestra la “deslealtad de la Junta de Andalucía con los ciudadanos de Mijas”.

“Se vuelve a demostrar que la Consejería de Educación no tiene el menor interés ni la voluntad política suficiente como para propiciar la construcción del nuevo colegio de Las Lagunas”, señaló Moreno, quien  insistió “que la única vía para salvar el escollo de la supuesta inundabilidad de los terrenos es, como dice la propia delegada provincial, aplicar la legalidad vigente, mediante la declaración de interés de las  obra. Eso lo podrían hacer en un abrir y cerrar de ojos. Otra cosa es que quieran”.

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