Ecologistas en Acción Mijas exige a la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas “la revocación de la contratación de arqueros para la caza de jabalíes en el municipio y el impulso de medidas alternativas”. En el documento remitido al área, el colectivo manifiesta su “rotunda oposición” ante este sistema, puntualizando que “el sufrimiento de un animal del tamaño del jabalí, herido con flecha, es muy alto, mucho más que un disparo con bala”. Además, añaden que “un jabalí levemente herido con una flecha puede ser muy peligroso, por el estrés generado y por la naturaleza y corpulencia del animal, convirtiéndolo en un potencial peligro para las personas que vivan por la zona”.
Desde Ecologistas en Acción Mijas recomiendan otros métodos como “trampas o cercas”. El colectivo apuesta “por la prevención más que el control o la intervención”, por lo que pide al Ayuntamiento que implante “métodos de control pasivo, que van desde hitos y señales odoríferas hasta pastores eléctricos o la esterilización de los animales”. Asimismo, insiste en “un mayor control preventivo y punitivo para evitar que las personas alimenten a los jabalíes o puedan crear de forma interesada comederos y así evitar el aumento de la población” y, añade, “el control de la puesta de lazos, un método prohibido que ya ha aparecido en algunos diseminados rurales”.
Medida puntual y autorizada por la Junta de Andalucía
Desde la Concejalía de Medio Ambiente aseguran que el uso de arqueros se incluyó en un “plan de choque de emergencia puntual”, al que se recurrió tras un informe de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que está desactivado desde hace más de dos semanas. Según el edil del área, Marco Cortés (PP), “la Policía Local recibió numerosos avisos por la aparición de estos animales en puntos como la autovía, donde hubo que parar el tráfico, y alrededores de parques infantiles”. A estas incidencias se suman, señalan, daños materiales en propiedades públicas y privadas, así como “casos de ataques a personas y otros animales”. Fuentes municipales insisten en que la medida “fue autorizada por la Junta de Andalucía” y ejecutada por “profesionales de colectivos de caza oficiales”.
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