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Viernes 22/11/2024

Cs

Cs Mijas vota en contra de la amnistía y solicita una reforma de la ley electoral

  • El portavoz de Cs Mijas, José Carlos Martín, junto a su compañera de partido, Mariló Olmedo.

La corporación debate sobre este asunto nacional y el portavoz liberal, José Carlos Martín, destaca la importancia del “respeto al ordenamiento jurídico”

La propuesta de acuerdo en contra de la tramitación de una ley de amnistía ha salido adelante esta mañana en el pleno de septiembre del Ayuntamiento de Mijas con los votos a favor de la mayoría de grupos políticos que componen la corporación (Cs, PP, Vox y PMP; el PSOE ha votado en contra). El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en Mijas, José Carlos Martín, ha explicado el punto de vista del partido liberal ante este tema de alcance nacional. El concejal ha destacado la importancia de “la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la igualdad ante la ley, el respeto al ordenamiento jurídico y la lucha contra el sobredimensionado papel de los partidos nacionalistas en la política española”.

“Este tema está en todas las tertulias y medios de comunicación de España. Hablamos de un trato de favor a políticos, no por el interés general, sino por el interés político de un partido que quiere seguir gobernando este país”, manifiesta Martín, quien ha lamentado que “los dos grandes grupos políticos de España no sean capaces de ponerse de acuerdo en esta situación”. “Ni tan siquiera están aún juzgados y ya quiere el Gobierno amnistiar a estos delincuentes”, apunta el portavoz naranja. 

Por otra parte, el partido naranja ha presentado ‘in voce’ una enmienda a la moción presentada por el PP que ha sido aprobada y que solicita la reforma de la ley electoral para restar poder a “la minoría que suponen los nacionalistas e independentistas”. Martín consiedra “dantesco” que PSOE y PP no se pongan de acuerdo sobre este asunto. 

De la misma manera, Ciudadanos ha destacado que la amnistía está fuera de la Constitución. “La amnistía, aparte de ser inconstitucional, implicaría considerar que la actuación del Estado en 2017 fue ilegal y contraria a los derechos y libertades cuando realmente supuso la garantía de su protección ante el ataque llevado a cabo por el independentismo catalán”, afirma Martín.  

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