En este órgano participaban ocho ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, entre otros, cada uno de ellos con un porcentaje concreto para su financiación. En 2016 venció el periodo de carencia de los 25 millones de euros aportados por Unicaja para este fin a modo de préstamo y desde entonces la entidad solicita la devolución del dinero, cuya responsabilidad, a causa de esa adenda, se pretende que recaiga en los consistorios. En el caso de Mijas, 4,1 millones de euros, una cantidad con la que no está de acuerdo el Ayuntamiento de Mijas, de ahí que en 2018 solicitase su nulidad.
“La nulidad de esa adenda es acorde a Ley, ya que el Consejo Consultivo dio la razón al Ayuntamiento”, expuso Pérez, que añadió que el pasado 27 de diciembre el Ayuntamiento de Mijas fue convocado a la reunión del Consejo Rector del Consorcio Qualifica, donde uno de los puntos abordados fue la liquidación del Consorcio. “El problema es que desde que se votó esa nulidad en 2018 y esperando a la liquidación, que ha tardado años en llegar ha caducado el acto administrativo, por lo que se vuelve a traer a pleno hoy para retomar esa nulidad de la adenda, volver a enviarlo al Consejo Consultivo”, aclaró el edil, que dijo que “el Ayuntamiento tomará todas las acciones para defender su postura, que no es otra que no estar de acuerdo con la liquidación que hace el Consorcio, que nos reclama 4,1 millones de euros”.
Tras la votación de este punto, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, el PP requirió tener acceso a la documentación. “Queremos que el Ayuntamiento comparta con el PP la documentación que les entregó el Consorcio Qualifica en la reunión de diciembre y que ya pedimos en su momento porque así sabremos lo mismo que ustedes, coincidiremos mucho en los criterios”, declaró el concejal del PP Mario Bravo.
En respuesta, el alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), señaló a los populares que “en este asunto vamos a coincidir, ya que de hecho nos estamos organizando todos los ayuntamientos de distinto signo político, alcaldes del PP, de PSOE y de IU, para preservar los intereses municipales” y finalizó apuntando que “en estas últimas semanas hemos tenido varias reuniones políticas y técnicas para preservar algo que entendemos que es de justicia y que esperamos resolver en algún momento”.
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