El pleno ordinario correspondiente al mes de octubre ha aprobado de manera definitiva la nueva ordenanza reguladora para la concesión de ayudas a personas con diversidad funcional. Se trata de un texto que, destaca el equipo de gobierno, ha sido consensuado con Adimi y busca dar más apoyo a aquellas personas con mayor grado de discapacidad o dependencia.
“Era una ordenanza que necesitaba actualizarse y que incluye, entre otras novedades, la ampliación de las subvenciones mínimas y máximas para que sean unas ayudas más acordes a la realidad existente en estas familias, una realidad que precisamente nos ha ido marcando Adimi, con la que hemos gestionado esta modificación”, ha afirmado en nota de prensa el regidor mijeño, Josele González (PSOE), quien ha querido subrayar que “ayudas como estas no se dan en todos los ayuntamientos”.
La nueva ordenanza recoge el pago único, así como la cuantía máxima de la ayuda a otorgar por unidad familiar que será del 45% del IPREM anual a 12 meses vigentes. Así, la prestación con menos puntuación, con un 25% del IPREM, será de 1.694 euros; el segundo tramo del 35% del IPREM recibiría 2.375 euros; y el último tramo, del 45% del IPREM, supondría 3.050 euros. También se ha modificado el grado de discapacidad que deben tener los beneficiarios de esta ayuda, siendo igual o superior al 45% en el caso de los adultos y de un 33% para los menores de 18 años. “Se trata de un documento que actualiza y mejora los criterios de baremación para acceder a estas ayudas, y que favorece especialmente a los usuarios con mayor grado de dependencia”, ha resumido hoy en pleno el concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico (PSOE).
Alegaciones
El texto que hoy se ha aprobado ha recibido cuatro alegaciones, de las cuales una de ellas se ha aceptado, relativa al lenguaje de género. Entre las alegaciones desestimadas se encuentra la del periodo mínimo de empadronamiento del solicitante. Se mantendrá en tres años y no en uno como también ha propuesto la edil no adscrita, Esperanza Jiménez, “porque una persona que necesita este tipo de ayudas para sobrevivir con un mínimo de dignidad no debería verse perjudicado por ese condicionante”. Tanto ella como el otro edil no adscrito, Carlos Rivero, se han abstenido en la votación.
Sobre este aspecto, el edil de Servicios Sociales ha justificado que “los beneficiarios de estas ayudas deben ser mijeños y no personas que vengan de otros municipios, porque en sus lugares de residencia no ofrecen estas subvenciones. Que está muy bien que vengan pero también está bien que formen parte de la comunidad mijeña, de ahí que hayamos establecido un periodo mínimo de empadronamiento de tres años”.
Por su parte, el Partido Popular ha votado en contra de esta nueva ordenanza, argumentando que la misma no va a mejorar el procedimiento de concesión de ayudas, e insistiendo en que los beneficiarios de 2020 aún no han recibido su cuantía. “A nosotros nos llama mucha gente preguntando por qué el Ayuntamiento no les atienden o no les contestan”, ha asegurado el edil Mario Bravo (PP), mientras que la concejala Carmen Márquez (PP) ha aseverado “que estas ayudas deberían entregarse cada tres meses porque las terapias que reciben los usuarios con grado de dependencia son muy costosas”.
En este sentido, Zapico ha respondido que el Ayuntamiento de Mijas ha realizado un intenso trabajo para ponerse al día en la concesión de estas ayudas, y que junto a la convocatoria de 2020, se ha destinado más de un millón de euros para este concepto. “Sacar adelante dos convocatorias en este año ha sido un esfuerzo tremendo por parte del personal, a quien tengo que agradecer esa dedicación que han tenido, que incluso han aumentado su jornada laboral para sacar las dos convocatorias este año”, ha finalizado.
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