Redacción. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), llevará ante los tribunales la auditoría informática encargada por el Consejo de Administración de Mijas Comunicación. Un trabajo cuyo informe ya fue entregado a los consejeros por los peritos informáticos César Gil y Alejandro Cortés y en el que se desvela la comisión de un supuesto delito de intromisión en las comunicaciones. Maldonado resta veracidad al documento y duda tanto de la solvencia técnica del perito como de la legalidad del proceso que ha seguido para elaborarlo. “El supuesto perito [en referencia a Gil] se echa atrás de todos los graves delitos de los que informó al Consejo de Administración que se podían estar produciendo en Mijas Comunicación y de las graves imputaciones a trabajadores del medio, ¿dónde está el espionaje entonces?”, se pregunta Maldonado, quien ha comparecido en el Ayuntamiento.
El alcalde ha solicitado a los juzgados que requieran a Mijas Comunicación las grabaciones de una de las reuniones del Consejo de Administración donde Gil habló de “graves imputaciones”. Y pide que reclame el informe de la auditoría para que se proceda a una “depuración de responsabilidades con todas las garantías legales”. En nota de prensa, se dice que en el documento entregado por Gil en ningún momento se afirma que haya habido escuchas telefónicas, ni conversaciones de Whatsapp archivadas ni supuestas carpetas “llenas de información de los concejales menos de Mari Carmen Carmona”, edil de Ciudadanos y consejera. “No soy un experto en informática pero el informe deja mucho que desear, voy a adjuntarlo a la Guardia Civil para que lo añada a la investigación abierta, lo que quiero es que se sepa toda la verdad de este asunto y que sean auténticos profesionales de la justicia quienes actúen”, subraya Maldonado. A este respecto, Gil explica que en el informe se detallan graves delitos de intromisión en las comunicaciones.
Antecedentes policiales
El alcalde ha explicado que según las diligencias abiertas, Gil tiene dos antecedentes policiales, cosa que el perito niega rotundamente. “No sé en qué estado se encuentran pero esta es la información de la que dispongo”, apunta el regidor. En una nota de prensa, el equipo de gobierno afirma que en noviembre de 2018 fue detenido “como presunto autor de un delito con la calificación genérica de ‘Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico / Delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas’”. A esto, el comunicado suma que el auditor consta como “posible autor de un supuesto delito de estafa por la venta de un vehículo a través de Internet en 2011”.
Al mismo tiempo, fuentes de alcaldía aseguran que Gil “presenta incidencias judiciales significativas y donde su nombre y el de empresas donde es o ha sido administrador han sido publicados por deudas con las administraciones públicas o por demandas presentadas por particulares ante los juzgados”.
Gil actuó con un peto en el que se podía leer ‘perito judicial’ y alcaldía recuerda que “perito judicial es aquel que designa un juzgado y únicamente puede actuar por mandato” de un juez. “En ningún momento un auditor de parte puede alzarse con esa denominación”, asegura el ejecutivo. Gil afirma que fue contratado de parte y que no esgrimió que su actuación estuviese bajo mandato judicial sino que está habilitado técnicamente para ello si se le requiere. Además, precisó que el peto pertenece a la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos.
Denuncia
Maldonado tomó la decisión de denunciar por supuesta estafa a Gil tras la celebración del consejo de administración del 29 de marzo, al que el alcalde acudió en compañía de un abogado para intentar resolver con el perito algunas dudas de envergadura. Entre ellas se le preguntó si actuaba bajo mandato judicial, si había denunciado al ver indicios de delito, sobre su titulación y credenciales, entre otras cuestiones. Las respuestas de Gil no convencieron al regidor, por lo que procedió a presentar una denuncia ante la Guardia Civil y votó en contra de realizar una segunda auditoría para seguir con las indagaciones por entender que no se estaban dando las garantías necesarias.
Maldonado considera que si no se ha acreditado “en ningún momento” la existencia de mandato judicial, “todas las pruebas que podrían haberse obtenido de esos supuestos delitos que narraba el presunto auditor, serían nulas en un juzgado al haberse obtenido ilícitamente bajo la apariencia de la actuación de un perito judicial que realmente no es”.
El regidor teme que se haya tenido al “lobo cuidando a las gallinas en Mijas Comunicación vulnerando todos los derechos de los trabajadores y teniendo acceso a información confidencial, datos económicos y todo el abanico de posibilidades que ofrece la informática”.
Alarma social
Maldonado entiende que las noticias publicadas los últimos días han creado una “auténtica alarma social” que la llegado a provocar, afirma, “psicosis y hasta que se paralizara la actividad económica por un día en el Ayuntamiento”. Los hechos, añade el alcalde, son “realmente graves por muchos motivos”, pero, sobre todo, “porque esta persona sí ha tenido acceso a los dispositivos informáticos de nuestra televisión pública, empresa que tiene una inversión anual de casi 2,5 millones de euros”.
Por último, el regidor manifestó que “quiero también lamentar el ataque continuo hacia el antiguo director al que, ni tan siquiera se le ha respetado la presunción de inocencia por parte de muchos de los miembros del consejo”.
Desde la Dirección de la empresa se recuerda que siempre se pidió a todas las partes respetar el deber de sigilo y la presunción de inocencia. Del mismo modo, se aclara que fue el Consejo de Administración el que aprobó la contratación de César Gil, quien fue propuesto tras una consulta de Dirección a la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales.
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