Juan D. Sánchez. Datos: Beatriz Martín. Los resultados provisionales de una auditoría informática encargada por el Consejo de Administración de Mijas Comunicación revelan un supuesto delito de intromisión en las comunicaciones en el seno de esta empresa municipal. El pasado viernes 22 de marzo el perito judicial que desarrolla la investigación ofreció a los miembros del consejo un avance de las presuntas irregularidades que se ha encontrado hasta el momento. Aunque el contenido de lo dicho en esa reunión es confidencial, se ha producido una filtración informativa que ha llegado a la prensa.
Desde el Partido Popular, que cuenta con tres representantes en el consejo, se han exigido responsabilidades al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), en caso de confirmarse el espionaje. “Creo que si se confirma todo esto, debería dimitir [el alcalde] con carácter inmediato porque no se puede consentir una situación como la que estamos conociendo, que nos da mucho miedo a todos porque el estado de derecho y las garantías personales e individuales se han puesto en tela de juicio con estas actuaciones, que creemos que son permitidas y consentidas”, afirmó Lourdes Burgos, miembro del consejo en representación del PP. La concejala popular exigió a Maldonado que dé explicaciones y actúe de “forma inmediata y tajante en el esclarecimiento de lo ocurrido y, a la vez, ofrezca garantías de que no ha ocurrido en más empresas y departamentos municipales”. “Queremos explicaciones ya, vamos a llegar hasta el final”, sentenció Burgos.
Por su parte, el portavoz de los socialistas, Josele González, manifestó que “hoy los consejeros que tiene el PSOE en Mijas Comunicación queremos, en primer lugar, poner en valor el trabajo de todos y cada uno de los trabajadores, que lamentablemente, por este tipo de hechos, se ven perjudicados, quiero poner en valor la imagen de la empresa, una empresa que hace una función pública necesaria y estupenda”. González destacó el respeto a la presunción de inocencia y al deber de mantener la confidencialidad pero añadió que “hablamos de unos hechos muy graves que están tipificados como delito, que pueden terminar en cárcel para los responsables”. El portavoz socialista, “ateniéndonos a la gravedad de los hechos”, ha pedido que se convoque una Junta General Extraordinaria para tratar este asunto y “tengamos conocimiento de forma oficial todos los concejales, incluso aquellos que no forman parte del Consejo de Administración”. En función de la posible gravedad de las conclusiones finales de la auditoría se “tomarán las medidas judiciales oportunas”, añadió el portavoz del PSOE.
El representante de CSSP en el Consejo de Administración, Francisco Martínez, calificó la situación de “muy grave” y afirmó que “presuntamente ha habido concejales que han sido espiados y esa información y esas pruebas están ahí”. “Yo lo he visto, es una cosa que me ha desagradado muchísimo por la extraordinaria gravedad de lo que supone esa intromisión de las personas”. En relación al trabajo que desarrolla el perito judicial explica que está siendo “impecable, nos ha presentado una serie de pruebas que son irrefutables, no nos ha presentado indicios de que algo podría pasar, de que algo podría suceder, nos ha presentado pruebas contrastables de cómo se ha estado espiando ordenadores de Mijas Comunicación y teléfonos de todo el mundo relacionado con esto”. Martínez asegura que el “miembro del Consejo de Administración que forma parte del equipo de gobierno que ha dicho que hay manipulación [en la investigación del perito]” está mostrando “su extremo nerviosismo, histerismo diría yo, precisamente porque todo esto se investiga y después que se quiera hacer público”.
El alcalde de Mijas y presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Maldonado (Cs), se ha referido al deber de sigilo para declinar hacer declaraciones, al igual que la actual directora de Mijas Comunicación. El anterior responsable en la dirección de la empresa también se ha abstenido de pronunciarse sobre este asunto.
Trabajadores de Mijas Comunicación
Por medio de los representantes de los trabajadores, los empleados de la empresa han manifestado que se encuentran consternados y al margen de los presuntos delitos que revela la auditoría informática. Además, afirman que quieren que se esclarezca todo, ya que “somos las primeras víctimas de todo esto” y destacan que al margen de si hay delito o no “se está dañando nuestra imagen”, temen una “politización” de la polémica y que sean usados como “arma arrojadiza”. Los trabajadores destacan la importancia de respetar la presunción de inocencia y que la investigación concluya “lo antes posible para perjudicar en la menor medida nuestro medio”. “Al término de esta, exigiremos las responsabilidades que de ello se deriven”, concluyen.
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