La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha examinado otros nueve expedientes relativos al caso Subastas, que afecta al anterior mandato de gobierno del Ayuntamiento de Mijas, periodo en el que fue alcalde Ángel Nozal, presidente del PP mijeño. En el informe policial, al que ha tenido acceso Mijas Comunicación, se afirma que las presuntas irregularidades investigadas se comenten durante la tramitación de los procedimientos de apremio, los cuales, “curiosamente, siempre culminaban con la enajenación del bien embargado por la vía de la adjudicación directa”.
El atestado, presentado ante el juzgado de instrucción nº 1 de Fuengirola, explica que en la mayoría de los casos analizados las notificaciones de pago se efectuaron con el “único fin” de justificar el trámite administrativo y, con ello, dar cumplimiento a lo “estrictamente preceptuado en la legislación vigente”. A juicio de los investigadores, no existió un “interés real” de notificar a los deudores afectados en cada uno de los expedientes tramitados para que pudiesen ejercer correctamente su derecho de defensa.
En cuanto a las deudas adquiridas con el Ayuntamiento por parte de los propietarios de los bienes subastados, el informe indica que en varios expedientes fluctúan de forma “inexplicable, aumentando y disminuyendo la cantidad económica reclamada sin ningún tipo de justificación que conste en la documentación”.
Con respecto a los integrantes de la Mesa de Subastas, los investigadores señalan que eran “perfectamente conocedores” tanto del daño económico provocado al deudor como del “enriquecimiento desmedido” del adjudicatario final, al cual se “había favorecido de forma inequívoca en el seno de un procedimiento administrativo”. En relación a la Asesoría Jurídica del consistorio, a los investigadores les llama “poderosamente la atención que apenas hayan puesto reparos en los trámites efectuados”. Asimismo, piden que se analice una cuenta de titularidad municipal denominada Cuenta Sobrante de Subastas, en la que se ingresaba la diferencia entre la cantidad aportada por el adjudicatario y la liquidación de la deuda. El informe determina que tras el estudio de los expedientes no se ha logrado establecer qué destino se ha dado a este dinero sobrante.
Acusación particular
Francisco Martínez Ávila, portavoz de CSSP en el Ayuntamiento de Mijas, está personado como acusación particular en la causa y ha manifestado que “estamos ante un despropósito de magnitudes épicas”. “Es inconcebible que se haya orquestado toda una trama mafiosa alrededor de las subastas”, afirma el edil, quien pide al equipo de gobierno que el consistorio se presente como acusación particular en este y en todos los casos en los que haya daño para la hacienda pública. Martínez Ávila considera “inadmisible” que “unos funcionarios, sean quienes sean, embarguen y adjudiquen una propiedad de 2.200.000 euros por apenas 75.000 euros”. El concejal de CSSP recuerda, además, que las responsabilidades también llegan al que por entonces era alcalde de Mijas, el popular Ángel Nozal. El PP, por su parte, afirma que no tiene constancia del contenido del informe policial y subraya que, en su momento, lo abordará en sede judicial.
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