El Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Mijas (PEPRI) entra en su recta final tras los últimos pasos que ha dado el departamento de Urbanismo. Después de las indicaciones de la Delegación de Cultura de la Junta, el equipo de gobierno ya ha dado el visto bueno al nuevo diseño de la zona de respeto en la Junta de Gobierno Local. El anterior estaba vigente del año 1969 y no se ajustaba a la realidad del municipio. “Lo que hemos hecho ha sido reflejar la realidad en el documento y, a partir de ahora, el área de respeto se reduce a mucho menos de la mitad, solo la falda de la montaña de Mijas y alrededores”, expuso Andrés Ruiz, concejal de Urbanismo (C’s).
También se introducen dos novedades más que fomentarán la participación ciudadana: la creación de dos comisiones, una técnica y otra de seguimiento. Estas estarán presididas por el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), y podrán estar constituidas por otras entidades públicas, colectivos interesados en este plan, miembros delegados de Urbanismo y Patrimonio Histórico o expertos en la materia. “Con estas comisiones, que van a estar asesoradas técnicamente, se garantiza la participación ciudadana. En ellas se elaborarán dictámenes según las necesidades que tenga el municipio porque es un documento vivo que puede ir cambiando con el paso del tiempo”, apuntó Ruiz.
Ahora el documento final se presentará ante la Junta de Andalucía para que le dé luz verde. Posteriormente, se elevará a pleno para su aprobación definitiva. La entrada en vigor del PEPRI también supondrá un cambio en la administración local, en cuanto a tramitación de licencias se refiere. “Una vez que tengamos el documento definitivo ya no habrá que mandar las licencias a la Delegación de Cultura porque el PEPRI regula toda la arquitectónica, todos los materiales de construcción que se tienen que utilizar… Si esa licencia cumple con lo que se establece en ese plan especial se le dará la autorización”, afirmó el edil de Urbanismo.
El PEPRI será un documento vivo que será sometido a una revisión y actualización al menos una vez cada diez años.
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