La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el presidente de la formación en Mijas, Ángel Nozal, han visitado esta mañana la Alberquilla en Mijas. Esta es una de las zonas del municipio donde existen un gran número de familias que, aseguran los populares, siguen esperando una solución para regularizar sus viviendas.
Navarro ha pedido hoy que se contemple un régimen de excepción con todas aquellas viviendas que se iban a regularizar a raíz de la última modificación de la Ley de Ordenación Turística de Andalucía (LOUA) y cuyo proceso, asegura la popular, “ha quedado en suspenso después de que el Tribunal Superior de Justicia paralizara el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol”.
Según los populares en Andalucía existen 300.000 viviendas irregulares, 50.000 de ellas se encuentran en nuestra provincia y unas 4.000 en Mijas. El PP asegura que el origen de este problema es “la nefasta gestión urbanística del PSOE de Andalucía”.
“Uno de los problemas más grandes que tiene Andalucía con la sanidad y la educación, es el problema de la vivienda. Y, desde luego, no podemos volver la espalda a viviendas de este tipo, ¿que se construyeron de una manera irregular, por qué lo permitió el Ayuntamiento? ¿Que es irregular? Sí, pero pagan IBI y basura, y no tienen derecho a nada. A pagar sí tienen derecho, no puede ser así”, señala Nozal.
Los populares apuntan a los cambios en la normativa urbanística de Andalucía como uno de los problemas de “la LOUA, que data de 2002, y cuanta ya con hasta doce modificaciones, doce parches que no han solucionado ninguno de los problemas que acucian y preocupan a los afectados de las viviendas irregulares”, añade Navarro.
La secretaria general del PP de Málaga exige al Gobierno andaluz que unifique toda la normativa urbanística, que disponga de un régimen de excepción para las viviendas no regularizadas por el parón del POT y que “el Gobierno socialista de Susana Díaz de una vez por todas impulse una ley de punto final, de tal forma que se establezcan condiciones para que no se vuelva a construir una vivienda fuera de ordenamiento y de la ley”, finaliza Navarro.
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