El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas informa de que ha detectado una serie de pagos realizados, presuntamente, de manera irregular, a la sociedad gestora del Hipódromo desde otra empresa municipal y desde el propio Consistorio. Estos ingresos, efectuados durante el mandato de Ángel Nozal, según fuentes de alcaldía, reflejan que “el Partido Popular se resistió a liquidar Recursos Turísticos (mercantil encargada de gestionar el recinto hípico) cuando ya tenía la obligación de hacerlo por las pérdidas registradas por la sociedad”.

En una nota de prensa, el ejecutivo local explica que “el concejal de Hacienda con el PP, Mario Bravo, autorizó con fechas entre enero y abril de 2012 el trasvase de un total de 568.000 euros de una cuenta de Mijas Avanza a otra de Recursos Turísticos en concepto de 'préstamo'”. Asimismo, afirma el comunicado que “consintió” la transferencia de 239.000 euros en abril de 2015 desde las arcas municipales para saldar un crédito de la mercantil gestora del Hipódromo del cual el Ayuntamiento era avalista. Toda esta operación, asegura el equipo de gobierno, se llevó a cabo sin seguir los cauces administrativos pertinentes, ya que “no existen informes técnicos favorables a estas operaciones”. Además, la nota de prensa añade que “se trata de pasar dinero de todos los mijeños a una empresa que no es al cien por cien pública y que, a su vez, cosechaba enormes daños económicos”.

El ejecutivo destaca que los datos de las pérdidas de Recursos Turísticos de Mijas contabilizan en 2011 una deuda de 530.000 euros; en 2012, un total de 801.000; en 2013, 603.000 euros y, en 2014, un montante de 1,7 millones de euros. Ante estas cifras, la principal duda que surge al equipo de gobierno es “por qué el PP no procedió a la liquidación de la sociedad tras cuatro años consecutivos de daños económicos”.

Pago del alquiler a Recursos Turísticos
A estos números hay que sumar los 1,8 millones de euros que el propio Ayuntamiento ha estado pagando en concepto de alquiler a Recursos Turísticos por unas instalaciones deportivas que le pertenecían al ente local. Fuentes municipales recuerdan que el contrato de arrendamiento, “firmado por el entonces alcalde, Ángel Nozal, y la edil del PP, Lourdes Burgos, carece de expediente de contratación y resulta curioso que se lleve a cabo ese alquiler cuando en el listado de bienes de dominio público del Consistorio se halla dicho equipamiento, por lo que supone una nueva inyección de casi dos millones de euros a Recursos Turísticos”.

Esta sociedad tenía que haberse liquidado en 2014 bajo el mandato de Nozal por sus circunstancias financieras. Cuando empieza el último mandato en Mijas y llega a la alcaldía el actual regidor, Juan Carlos Maldonado (Cs), la mercantil acumulaba una deuda de aproximadamente 3,6 millones de euros, las cuentas de la sociedad gestora estaban embargadas, los trabajadores sin cobrar y “los liquidadores estaban propuestos pero sin aceptar esta tarea, por lo que tampoco estaba el proceso empezado”, matiza el ejecutivo. Precisamente, en 2015 llegó una carta del Ministerio de Hacienda donde exponía que la sociedad gestora del Hipódromo tenía que haberse extinguido en 2014.

Karting
Por otra parte, el equipo de gobierno subraya la manera de proceder de Nozal en la parcela en la que estuvo funcionando un karting, dándose una ocupación incompatible con su calificación urbanística “en una construcción sin licencia de obra”. El ejecutivo asegura que tanto Lourdes Burgos como Ángel Nozal “consintieron” la construcción de este karting sin licencia de obra además de su uso sin la pertinente calificación ambiental ni la licencia de apertura. Fuentes de alcaldía recuerdan que la diputada popular firmó en febrero de 2012 un contrato con la arrendataria del karting donde le cedía el terreno durante los próximos veinte años para el uso de dicha actividad. En virtud del Plan Parcial mijeño, esa parcela debe destinarse a equipamiento público y una parte de la misma es zona verde, “luego eran conocedores de que los terrenos en el futuro desarrollo del sector pertenecerían al Ayuntamiento de Mijas y no a Recursos Turísticos, debiendo someterse a un procedimiento de contratación pública para su disposición”. Sin embargo, aun debiendo conocer el documento urbanístico de Mijas, Burgos “se comprometió hasta 2032 con la empresa de la actividad automovilística para el uso de la misma”, asevera el equipo de gobierno.

Al entrar el nuevo alcalde al Ayuntamiento procedió al cierre cautelar del Karting, pues suponía un peligro para la seguridad de los usuarios mantener una actividad de riesgo que supuestamente no cumplía con todas las garantías. La segunda, iniciar un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado para la demolición de lo construido sin amparo de licencia municipal que, en este caso, estaba compuesto de una edificación destinada a boxes. Por último, el expediente de restablecimiento genera la incoación de un expediente sancionador por ejecutar actos sin licencia. Asimismo, todo ello se llevó a cabo sin que conste un expediente de contratación.

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