El presidente de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez, tras tener conocimiento del contenido de un informe del secretario municipal del Ayuntamiento y de un dictamen de un catedrático de Derecho, ha informado a la Fiscalía Anticorrupción de las supuestas ilegalidades cometidas en relación a la gestión y construcción del Hipódromo Costa del Sol para que las investigue. Martínez pide responsabilidades a una empresa y a 17 personas, entre las que se encuentran cuatro exalcaldes de Mijas. El edil de CSSP apunta a la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación, malversación, apropiación indebida y administración desleal.
“El saber que hay ilegalidades manifiestas y no ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, es decir, en conocimiento de la Justicia, podría convertirte en cómplice y nosotros, desde luego, por ahí no vamos a pasar”, afirma Martínez, quien añade que “presuntamente se ha especulado con terrenos municipales de todos los mijeños para parcelarlos, venderlos y construir casas en esos terrenos que están alrededor del hipódromo, evidentemente, esta es una situación cuanto menos atípica y curiosa”. El concejal se pregunta qué va a pasar ahora con las casas levantadas en el entorno del recinto hípico, a lo que responde que “es una zona de equipamiento deportivo, a todos los efectos es como si fuera una zona verde, ahí no se puede construir; entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? El dictamen del catedrático de Derecho lo dice muy claramente, probablemente, haya que expropiar e indemnizar además a esas personas”.
En el informe del secretario municipal, que ha sido remitido a este medio de comunicación por Martínez, se habla de ilegalidad manifiesta en relación a los aumentos de capital aprobados para Recursos Turísticos, empresa encargada de gestionar el hipódromo, en los plenos del 17 de octubre de 1997 y del 9 de marzo de 1999. Al mismo tiempo, el funcionario se pregunta cómo puede adjudicarse la construcción de un hipódromo en terrenos que, en virtud del Plan General de Mijas, están calificados para ser parque público y convertirse en un gran pulmón verde de la localidad. Por tanto, también considera ilegales las licencias urbanísticas que se concedieron para acometer los movimientos de tierra destinados a la construcción del hipódromo, oficinas y dependencias cubiertas.
En 1999, una vez aprobada la revisión del PGOU, desaparece la citada zona verde, denominada Parque de Recreo El Chaparral y se convierte en suelo urbanizable. En el año 2000, se aprueba el Proyecto de Reparcelación del sector en el que se asienta el hipódromo y dos años más tarde, el Ayuntamiento entrega a Recursos Turísticos la titularidad de dos parcelas lucrativas (según cita el informe municipal esto se hace sin seguir las previsiones legales), y la del equipamiento deportivo.
Aparte, se cuestiona en el informe que el Ayuntamiento además pagase un canon arrendaticio anual a la sociedad municipal por el uso del hipódromo y se pone en tela de juicio el aumento de la edificabilidad para la construcción de viviendas alrededor del mismo. Un incremento que debería haber venido acompañado de una mayor reserva de suelo para equipamiento público.
El informe del secretario, según Martínez, acaba diciendo que “la situación actual de Recursos Turísticos Mijas SA es de quiebra total, con deudas millonarias, que tocará 'apechugar', en su práctica totalidad al Ayuntamiento de Mijas, como socio mayoritario”.
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