El equipo de gobierno lamenta la actitud del Partido Popular, que califican de “electoralista y dañina”. El alcalde les acusa de “sacar rentabilidad mediática de una información que no es real” en referencia a la denuncia que los populares han presentado en Fiscalía por un presunto delito urbanístico en la Finca El Pantanillo. El regidor anuncia que interpondrá “una querella contra el Partido Popular de Mijas por denuncia falsa contra su persona por imputarle un delito medioambiental”.

En un comunicado, el equipo de gobierno asegura que las obras a las que se refiere el PP en el diseminado Río Ojén contaban con una licencia de obras para un depósito de acumulación de agua y un almacén de aperos. Así, en este escrito se afirma que “el 21 de enero de 2016 se advierte que se están ejecutando desde hacía más de uno año, cuando aún gobernaba el Partido Popular y que podrían no ajustarse a licencia concedida”.  En ese momento la Policía Local paraliza la obra.

Desde el área de urbanismo se informa que “se ha incoado un expediente de restablecimiento, declarando parte de la obra, concretamente el rebaje de la parcela y los movimientos de tierra, manifiestamente incompatible, lo que ha dado lugar a una sanción y a la imposición de multas coercitivas”. Además se va a requerir a la legalización del resto de las obras y se ratifica la paralización de las mismas.

Además, el área competente ha levantado acta para ver si las obras del depósito y el almacén de aperos se ajusta a la licencia concedida, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que el constructor y el promotor haya podido incurrir y que se pondrán en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Con estos datos, el alcalde acusa a de “entorpecer la acción de gobierno” con una “denuncia falsa”. En su comunicado, el equipo de gobierno acusa al PP de Mijas, de “desmantelar, intencionadamente, el departamento de Infracciones Urbanísticas, quitando competencia a técnicos y trasladando al personal administrativo para realizar otras labores”; todo ello, afirman “con objeto de evitar la imposición de multas coercitivas, sanciones y órdenes de demolición porque ello suponían una pérdida de votos que el ex-alcalde y presidente del PP mijeño, Ángel Nozal, no estaba dispuesto a admitir, permitiendo que se infringiera la legalidad urbanística vigente”, al que acusan de haber podido incurrir por ello un "presunto delito de prevaricación".

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