La tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas ha sido protagonista esta mañana de la reunión organizada por el alcalde, Juan Carlos Maldonado, con los presidentes, administradores y responsables de las urbanizaciones para afrontar la problemática de las mismas e intentar buscar soluciones en las que puedan participar los vecinos. Al encuentro ha asistido también el magistrado en excedencia Jorge Muñoz, el teniente de la Guardia Civil Ángel Jiménez, además de otros miembros del equipo de gobierno relacionados con las temáticas a tratar. “El motivo de esta reunión es conocer de primera mano las necesidades de los vecinos de las urbanizaciones para dar respuesta a sus problemas. Existen una serie de cuestiones urbanísticas y legales que nos dificultan poder prestarles los mismos servicios que al resto de mijeños pero para eso estamos aquí, para escucharles y para juntos resolver los problemas”, asegura el regidor.

El punto más polémico del orden del día era, sin duda, el falso rumor que, según el Ayuntamiento, circula por la ciudad sobre que se va a producir un corte de suministro eléctrico en las urbanizaciones mijeñas por el impago de la luz por parte del Consistorio tras finalizar los convenios urbanísticos. Así pues, con objeto de darle cobertura al pago de la luz de las urbanizaciones después de haber finalizado dichos acuerdos, se realizará una propuesta por la Concejalía de Eficiencia y Energía que tendrá que estar consensuada por Intervención y Asesoría Jurídica al objeto legalizar el abono de las facturas que se generen respecto a este concepto. “Tenemos que darle cuerpo legal a las actuaciones”, apunta el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz. Así pues, la solución pasa por tres vías: una modificación del PGOU, la modificación de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC) o, en los supuestos en los que no existan, la suscripción de convenios de gestión.

El problema parte de la base que existen urbanizaciones que no están recepcionadas por el Consistorio o bien que las infraestructuras no están completamente ejecutadas o presentan deficiencias (ejemplo de ello son el saneamiento, la red de fecales o las instalaciones eléctricas, entre otras). “En estos casos el Ayuntamiento no puede recibir las obras de estas urbanizaciones aunque, sin embargo, sí están recibiendo prestaciones llevadas a cabo por la administración local. Esto supone un híbrido que choca con la legalidad por lo que estamos por el camino de regularizar la situación”, apunta Ruiz. En este sentido cabe destacar que todo este proceso de recepción de urbanizaciones se va a ir desarrollando por fases en las que se estudiarán: la situación de las obras, el estado de las infraestructuras y el nivel de edificación de la urbanización, entre otros aspectos. Se trata de establecer un sistema de valoración según criterios técnicos y jurídicos. A su vez, otro de los asuntos abordados ha sido el de Municipio de Gran Población. El magistrado invitado ha expuesto ante el público asistente las líneas principales en esta materia para informar sobre cómo han de llevarse a cabo desde el punto de vista legal y ante los preceptos del Título X de la Ley de Bases del Régimen Local. A este respecto cabe señalar que ya se ha puesto en marcha la comisión que se aprobó en el último pleno para desarrollar el Municipio de Gran Población en aspectos fundamentales como la participación ciudadana, el consejo social, y el defensor del ciudadano, entre otros. Muñoz ha explicado también la dificultad que supone para un Consistorio adaptar la situación de estos vecinos a los presupuestos municipales.

“El problema de las urbanizaciones es generalizado. Hubo en España un intenso desarrollo y una necesidad por parte de los ciudadanos de vivir en urbanizaciones más o menos alejadas del núcleo urbano y eso supone, desde luego, una importante tensión presupuestaria en lo referente a la prestación de servicios públicos. No es lo mismo los servicios que se prestan en dos metros cuadrados en un núcleo urbano que aquel que tiene que llevarse a cabo en doce metros cuadrados lejos de dicha área. Eso supone importantes limitaciones presupuestarias”, señala el abogado, quien añade que “en España estamos pagando la visión a corto plazo que vino determinada con el desarrollo urbanístico acelerado”. “Ahora estamos afrontando el problema que supone un presupuesto para afrontar los servicios públicos con estas urbanizaciones que se crearon, eso es fruto de lo que aquí en España percibimos como una desacertada planificación del desarrollo urbano, que fue muy intenso sin previsión a medio y largo plazo”, concluye. Entre los temas tratados en la reunión se encuentran la seguridad, el plan de asfaltado de calles, la limpieza, la renta básica y los transportes.

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