En el pleno celebrado hoy miércoles, 2 de julio, el portavoz del Grupo Popular de Mijas, Mario Bravo, quiso poner en valor la modificación presupuestaria aprobada por los 13 concejales del equipo de gobierno. “Hemos traído a pleno una modificación del presupuesto de este año en el que incorporamos algo más de 2,5 millones de euros”, destacó Bravo. La modificación se divide en partes para definir en qué se va a invertir y cómo se van a contratar esos proyectos o servicios y “el área de Contratación adquiere hoy el compromiso de tramitar esta modificación cuanto antes de forma que cuando llegue final de año esté todo, al menos, contratado”, puntualizó el edil popular.
El concejal también destacó positivamente el pago de facturas atrasadas “por valor de 600.000 euros que, por no haber seguido los cauces oficiales de contratación, son incumplimientos menores o simplemente no existía contrato”, puntualizó Bravo, que añadió que “a veces no se cumplieron la totalidad de los requisitos contractuales y hoy hemos propuesto su pago y se ha aprobado en pleno por el equipo de gobierno”.
El edil también quiso poner en valor la entrada en funcionamiento de la administración electrónica, “que comenzó a ser obligatoria por ley en octubre de 2015 pero que se ha terminado en 2025. Todavía hay algunos aspectos que pulir, pero para el próximo pleno queremos traerla y que entre en funcionamiento, ya que también traeremos el resto de las facturas que quedan pendientes para su pago”, aclaró.
Estabilización
En relación al proceso de estabilización de la plantilla, Bravo ha manifestado el compromiso de su formación con llevarlo a buen puerto. Según el portavoz del Grupo Popular, “el equipo de gobierno siguió el criterio de la Intervención que decía que había que consolidar a los trabajadores en el puesto de origen y no en el actual e hicimos ese cambio”. Un cambio, según Bravo, que “no fue pacífico, ya que no todos opinaban lo mismo; había quienes pensaban que era obligatorio dar audiencia a los trabajadores porque podían considerarse terceros perjudicados y otros que decían que no era necesario”.
Desde el Ayuntamiento siguieron la recomendación de la Intervención, que decía que los trabajadores debían consolidarse en su puesto de origen y no en el actual. Ahora, un juez ha fallado en primera instancia, en el caso concreto de tres trabajadores, que sí era necesario darles audiencia, por lo que considera que el procedimiento fue incorrecto. Según los populares, “estamos estudiando esa sentencia por si merece la pena recurrir o por el contrario hay que seguir esas instrucciones y elegir el camino más lento, que fue el que se pretendió evitar desde un principio”. En cualquier caso, el proceso de “estabilización no es voluntario, sino que es obligatorio para todas las entidades públicas de España y tenemos que sacarlo adelante de una forma u otra”, finalizó Bravo.
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