Según el PP, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con la comunidad de Cataluña, que incluye “la cesión del 100% de los impuestos recaudados, la condonación de unos 15.000 millones de deuda y la cesión de los trenes de cercanías,  es un ataque a la solidaridad entre los españoles, además de un acto contrario a la normativa y al sentido común. Si el actual sistema se pactó entre todos, entre todos debe pactarse cualquier cambio”. Este fue uno de los argumentos que ya defendió la concejala del Partido Popular Lourdes Burgos en el pleno celebrado el 28 de agosto en el Ayuntamiento, “en una moción que finalmente fue aprobada por todos los grupos políticos”.

Los populares explican que el tratamiento de esa “singularidad” de una región determinada de España, “por motivos políticos y no económicos, perjudica a todos los demás, bien porque se disminuirá lo que reciben, bien porque habrá que aumentar los impuestos o la deuda para compensarlo”. Destacan, además, que la financiación de los servicios públicos “con los impuestos recaudados a los que más tienen es la base de nuestra civilización”.

Este acuerdo, continúa el PP, “tomado a muchos kilómetros de distancia de Mijas, tiene mucha influencia en nuestro municipio, pues nos afecta de muchas formas”.  En primer lugar, según la formación, se disminuiría la financiación de Andalucía como región, lo que implica “menos dinero” para sanidad, educación o justicia, que “son tres de las competencias fundamentales”. A esto añade que también se reducirá “la inversión del Estado, que según parece deberá concentrarse en Cataluña y, por tanto, no estará en otras regiones. El tren litoral, la estabilización de las playas, el recrecimiento de las presas o la construcción de desaladoras, son infraestructuras básicas que ya tienen otras regiones, y que Andalucía en general y Mijas en particular merecen”.

Congreso

El portavoz del PP, Mario Bravo, celebró el acuerdo alcanzado en el pleno, en el que “todos los partidos pusieron Mijas por encima de cualquier otro interés”, y confía en que los grupos políticos lleguen en el Congreso de los Diputados a un acuerdo similar, “cumpliendo así los principios de la Constitución Española, que incluye la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1), y la solidaridad entre autonomías (artículo 2)”. 

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