La mirada de Daniel Mory Moezzi denota tristeza, pero también esperanza, por increíble que parezca. Es una cualidad que la naturaleza debe de conceder a las personas que, de forma totalmente injusta, les ha tocado vivir una vida dura. Muy dura. Este mijeño, nacido en Teherán (Irán) el 10 de junio de 1962, es uno de los 30.000 afectados por la talidomida que se calcula que hay en todo el mundo. Unos 3.000 en nuestro país. Daniel nació sin un antebrazo y una mano, además de otra dolencia interna que le perjudica la movilidad, por culpa de unas pastillas que su madre tomó durante el embarazo para aliviar sus náuseas. Así de simple y así de injusto. Y encima la cruda realidad de este hombre es que nadie todavía ha reconocido ‘oficialmente’ su dolencia, ni recibe ningún tipo de ayuda por ello, ni económica ni moral ni social. Ni nada.
Pero la vivencia de Daniel, contable, casado y con dos hijos, es, tristemente, una más entre miles. La historia de esta “masacre” se remonta a 1957, cuando la farmacéutica alemana Grünenthal comenzó a distribuir a nivel mundial diferentes medicamentos que contenían la famosa talidomida. Un fármaco que hizo que miles de bebés nacieran sin piernas, sin brazos o sin las cuatro extremidades, además de otras graves anomalías internas. Muchos nacidos fallecieron incluso a las pocas semanas de vida, porque les afectó gravemente al corazón y al cerebro. En 1961 se prohibió la venta de la medicación tras probarse sus consecuencias, sin embargo, en España (según la Asociación de Víctimas de Talidomida y otras Inhabilidades de España, AVITE) “se retiró 16 años después de estar prohibida y campó mientras a sus anchas mutilando a miles de bebés”.
A mi madre le recetaron las pastillas en un viaje a Madrid y las tomó solo tres semanas. Y encima siempre se sintió culpable” En el caso de Daniel, aunque nació en Irán, “las pastillas se la recetaron a su madre en Madrid, en uno de tantos viajes que hacía por la profesión de su marido, entre Teherán y la capital de España”, explica su mujer, Olimpia Ruiz, quien nos cuenta la historia emocionada. Conoció a su marido lógicamente con su malformación y desde entonces “no hemos parado de luchar por que se reconozca oficialmente que la culpa la tiene la talidomida”, añade. Daniel comenzó su batalla en 2004 por casualidad. “Un día una señora en Marbella se acercó a mí porque tenía un brazo como el mío. Me dijo que era por la talidomida y me informó de la asociación AVITE. A mi madre siempre le dijeron que nací con una malformación por unas pastillas que tomó durante la gestación, ¡tan solo durante tres semanas!, recuerda Daniel con coraje. “Pero no sabíamos nada más”. Y fue entonces, cuando supo que su caso no era el único, que empezó a investigar. Hasta tal punto, continúa relatando su esposa, que casi logran que se le reconozca oficialmente el daño. El Gobierno de España reconoció en 2010 las malformaciones causadas por la talidomida a 24 personas, tras superar el protocolo clínico que elaboró el Centro de Investigaciones de Anomalías Congénitas (CIAC). “Y mi marido era el caso número 25, pero faltó una declaración jurada de mi suegra que estaba entonces en Irán a la hora de presentar la documentación y el caso quedó cerrado. Ahora el problema, aunque ya sí tenemos todos los papeles en orden, es que se reabra el caso y quieran incluir no solo el historial de Daniel, sino el de tantos otros”.
La lucha de AVITE
AVITE lleva 11 años luchando por que las víctimas españolas de la talidomida se equiparen al resto de Europa, “donde hay personas que tienen pensiones de hasta 7.000 euros al mes, dependiendo de cada caso”, detalla Daniel. Así, en esta más de una década de insistencia, AVITE logró que se aprobara el Real Decreto (1006/2010) y que reconoció solo a 24 personas, concediéndole una ‘ayuda solidaria’, o dicho de otro modo, según el colectivo, “una limosna para que nos estemos callados”. “Se dieron ayudas de entre 30.000 y 100.000 euros, según el grado de minusvalía”, explicó el mijeño. “Y ya está”.
AVITE logró también que la talidomida se incluyera en el Real Decreto 1851/2009 entre las causas que justifican una jubilación anticipada con 56 años a las personas que superan el 45 % de discapacidad. “Paradójicamente”, detalla la asociación en un comunicado, “no hay ningún organismo oficial y gratuito que reconozca quién es afectado de talidomida y quién no”. AVITE demandó por lo civil al laboratorio Grünenthal “ganando el juicio en primera instancia, siendo anulado solo por prescripción por la Audiencia Provincial de Madrid”. Y, como colofón, el pasado septiembre las malas noticias volvían a salpicar a los afectados: el Tribunal Supremo rechazó el recurso de AVITE al entender que la indemnización que reclamaba “había prescrito”. ¿Y las malformaciones han prescrito?, se preguntan ahora las víctimas. Porque el daño que tienen no se repara con nada.
Eso sí, el Supremo deja la puerta abierta a las reclamaciones y, por supuesto, los afectados no se iban a quedar de brazos cruzados. AVITE ha solicitado ahora el apoyo unánime de miles de ayuntamientos de nuestro país, entre ellos el de Mijas. “Y vamos a ir a Estrasburgo”, explica Daniel, que aunque reconoce encontrarse “cansado”, llegará hasta el final. “Mi madre falleció hace dos años y se murió con la pena”, dice. Pero asegura que seguirá hacia adelante hasta que le reconozcan su “injusticia” y, sobre todo, “para que al menos le pidan perdón públicamente a mi madre y a tantas otras”. “Mi suegra tuvo una vida muy triste”, comenta Olimpia. “Falleció de cáncer y nos costó mucho que aceptara el tratamiento porque siempre tuvo miedo a las pastillas. No se fiaba. Ella nunca pudo evitar sentirse culpable de haber ingerido aquel fármaco que afectó a su hijo”, relata. ¿Culpable? Pues de eso se trata todo esto. De que los culpables paguen por el daño causado hace ya más de 60 años. Aunque sean daños irreparables. Si no, que se lo pregunten a Daniel, o a su mujer, o a sus hijos.
Mijas se suma a la lucha contra esta injusticia
Para este tipo de reivindicaciones sociales, los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Mijas no entienden de diferencias. El próximo 26 de noviembre, en sesión plenaria ordinaria, todos los grupos presentarán una moción institucional unánime de apoyo urgente a la Asociación de Víctimas de Talidomida y otras Inhabilidades de España (AVITE).
El objetivo de esta iniciativa, a la que se suman otros 8.500 ayuntamientos de toda España, es apoyar a las víctimas españolas de este fármaco “por la deuda histórica que nuestro país tiene con ellos desde hace 60 años”. Se trata también de “instar a la farmacéutica alemana Grünenthal, responsable de la masacre, para que indemnice a los afectados españoles sin más dilación” y, finalmente, “instar al Gobierno de la Nación, como medida social, que filtre quien puede ser afectado o no de talidomida en España y conceda pensiones vitalicias a las víctimas, como están recibiendo los afectados del resto del mundo”.
“En este caso no podemos hacer distinciones entre partidos y presentamos una moción institucional. Además, queremos hacer un llamamiento por si alguien sospecha que pueda tener la enfermedad para que se sume a esta iniciativa”, apuntó la concejala de Servicios Sociales, Carmen Carmona. “Se trata de una causa justa”, añadió la edil de Participación Ciudadana, Silvia Marín. Y en el mismo sentido se expresaron también los concejales del PSOE y Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Tamara Vera y Francisco Martínez, respectivamente, que se reunieron con el afectado por esta masacre residente en Mijas y su mujer el pasado día 4. “Cuando te sientas con los afectados y conoces su día a día, te das cuenta realmente de su injusticia”, apuntó Vera. “Muchas de las víctimas murieron pidiendo ayuda y eso es muy duro”, concluyó Martínez.
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