El Servicio Contra la Infravivienda del Ayuntamiento de Mijas ha conseguido restablecer el orden en más de una decena de casos a lo largo de su primer año de vida. Se trata de una unidad específica, puesta en marcha por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas, que se dedica a inspeccionar y detectar viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y a poner en marcha medidas preventivas para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

"Lo que pretendemos con este servicio es luchar contra todos aquellos que especulan con la necesidad de vivienda de la gente que tiene pocos recursos. También interviene en los casos de ocupación de viviendas, de empadronamiento masivo no justificado –los llamados pisos ‘patera’- o en los asentamientos ilegales", explicó el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Manuel Navarro.

De esta forma, este grupo policial ha trabajado, junto con el departamento de Urbanismo municipal, para instar a los propietarios de los espacios considerados como infravivienda a que los devuelvan la normalidad legal. En este sentido, Navarro indicó que se ha actuado en más de una veintena de casosen totoal en todo el municipio, de los que se han resuelto ya once situaciones de este tipo.

La última de ellas tuvo lugar en tres almacenes ubicados en Las Lagunas que estaban cercanos entre sí y que eran propiedad de un mismo titular. Este los había acondicionado como viviendas que, además, alquilaba a ciudadanos extranjeros para que vivieran en ellos.

Estos locales, según los informes urbanísticos y policiales que se realizaron a propósito de este caso, no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad e higiene ya que muchas de las habitaciones creadas por el arrendatario no tenían siquiera ventilación.

La labor del Servicio Contra la Infravivienda, en este caso, ha consistido en el apremio constante al propietario, por parte del cuerpo policial mijeño, para que restableciera el orden en estos almacenes reconvertidos en vivienda, mientras que, por otro lado, el departamento de Urbanismo iniciaba los procedimientos necesarios para denunciar esta situación ante las autoridades judiciales. Algo que, finalmente, no ha sido necesario, ya que el titular de los almacenes accedió voluntariamente a demoler los tabiques que había realizado para separar las distintos habitáculos donde vivían sus arrendados.

"Es un ejemplo del buen trabajo que realizan los policías y técnicos adscritos a este servicio, que también han actuado en situaciones de viviendas ocupadas por personas ajenas a su propiedad, pisos 'patera', asentamientos chabolistas irregulares, o, incluso, personas que se han hecho una casa en un container comercial de grandes dimensiones", aseguró el edil.
 

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