El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, ha pedido este jueves a las autoridades judiciales que aplacen la orden de demolición que pesa sobre una casa ilegal de la zona de Entrerríos, y que tiene que ejecutar el Consistorio. Según explicó el edil, esta edificación, así como el diseminado rural en el que se encuentra, están incluidos en el plan de regularización de casas situadas en suelo no urbanizable que está elaborando el equipo de Gobierno, y que tiene por objetivo normalizar la situación de gran parte de las construcciones irregulares que existen en el término municipal.

Como comentó Navarro, el Ayuntamiento recibió, hace unos días, una carta del juzgado número cinco de la Audiencia Provincial de Málaga en la que ordena al Consistorio que cumpla con una sentencia del año 2010, que obliga demoler esta vivienda, cargando el coste de esta operación a los propietarios de la misma. Sin embargo, el equipo de Gobierno mijeño considera que existen argumentos para que el juez que decretó está orden pueda aplazarla hasta que no finalice el proceso de regularización de viviendas.

“Es la primera vez que nos llega una notificación judicial para demoler una vivienda que tiene posibilidades de regularizarse a través del proceso que inició el Ayuntamiento. Por eso, pedimos al juez responsable de esta decisión que la aplace hasta que finalice el mismo”, manifestó.

En este sentido, el titular de Urbanismo mijeño recordó que ya se ha completado la fase inicial de este plan regularizador con la delimitación del suelo no urbanizable, “que incluye a la zona de Entrerríos como hábitat rural diseminado”, y con la contratación “de un equipo redactor para que haga la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el suelo no urbanizable y establezca las distintas zonas donde se localizan estas construcciones irregulares”. Así, el concejal apuntó que, en estos momentos, “los técnicos municipales disponen ya del avance de dicha revisión, para someterlo a consideración del pleno” en un plazo próximo.

“Todo esto hace que podamos vernos en la situación injusta de que cumplamos con la sentencia, la derribemos y, al mismo tiempo, dentro de unos años, sus propietarios puedan volver a construir otra casa porque ya sería legal hacerlo. Estamos a punto de hacer efectivo, jurídicamente y urbanísticamente, este proceso. Sería una pena que un juzgado no entendiera estas nuevas circunstancias”, aseveró.

Por eso, Navarro añadió que el equipo de Gobierno y el departamento de Urbanismo ya están preparando toda la documentación para acreditar este proceso ante las autoridades judiciales, y que pueda, así, atender a la petición formulada por el ente local.

Por su parte, el propietario de la edificación y la parcela donde se asienta, Miguel Martín, aseguró que construyó esta vivienda para su hija hace siete años y que no está finalizada “porque me ordenaron que parara las obras”. 

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