Las piscinas de uso comunitario, ubicadas en comunidades de propietarios con veinte o más viviendas, que no estén debidamente legalizadas y no dispongan que la pertinente licencia municipal de apertura serán sometidas a expediente de cierre y vaciado del vaso, en cumplimiento de la normativa autonómica que regula este tipo de instalaciones. El Ayuntamiento de Mijas trabaja con un censo de 480 piscinas –elaborado por personal contratado en el programa de la Renta Básica- distribuidas por todo el término municipal, que reúnen las características anteriormente señaladas y que son susceptibles de cierre.

Ahora, técnicos del Ayuntamiento comprueban si cada una de las piscinas incluidas en el referido censo cuentan con licencia municipal o están debidamente legalizadas. En caso contrario, sus titulares recibirán cartas conminándoles al cierre y al vaciado de la misma, tal y como exige la ley autonómica que regula este tipo de instalaciones. “Todas las piscinas que cumplan con la normativa, permanecerán abiertas”, apuntó el concejal de de Urbanismo e Industria, Manuel Navarro. La Policía Local de Mijas vigilará el cumplimiento de las órdenes de cierre y vaciado.

Además, los técnicos municipales están procediendo a georreferenciar todas las piscinas del referido censo, utilizando para ello fotografías aéreas y planos virtuales, con el objetivo de tener todas las instalaciones acuáticas localizadas. Desde que asumió el actual mandato, el equipo de gobierno ha realizado diversas campañas para que todas las piscinas afectadas por la legislación de la Junta de Andalucía estén debidamente legalizadas, si bien, según señaló el concejal “no hemos recibido la respuesta esperada”. Es decir, que los titulares de las piscinas no legalizadas “no han respondido a la obligación” de que las instalaciones acuáticas cuenten con toda la documentación en regla.

Se trata de una tramitación sencilla, que se puede cumplimentar mediante la presentación en el Ayuntamiento de una “declaración responsable” mediante la cual “se facilita mucho más los trámites y se conceden las licencias de apertura” siempre que las piscinas cumplan con lo exigido por la normativa autonómica. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha decretado del cierre de numerosas piscinas “porque no hemos encontrado con situaciones extremas” que a juicio de los técnicos municipales “ponían en riesgo no sólo la salud de los bañistas, sino la integridad de los trabajadores de mantenimiento” de esas instalaciones. “No podemos consentir que se produzcan situaciones que después todos tendríamos que lamentar”, señaló el concejal Manuel Navarro, quien sostuvo que “las exigencias hacen referencia a medidas de seguridad y de salubridad”.

La legislación que regula el funcionamiento de las piscinas de uso comunitario en Andalucía fue promulgada en 1999 “y desde entonces, los anteriores gobernantes no hicieron nada para regularizarlas”, dijo Navarro. No obstante, el edil señaló que “los titulares de las piscinas de uso comunitario ubicadas en comunidades con 20 o más viviendas están a tiempo de legalizarlas y poder disfrutar de ellas cuando llegue el buen tiempo”.

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