El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de la segunda fase del proceso de regularización de viviendas en el campo, que consistirá en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en el Suelo No Urbanizable, según informó el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro.

A tal fin, el Ayuntamiento de Mijas puso en marcha el proceso burocrático para la contratación del servicio de redacción de la revisión del PGOU, procedimiento que podrá resolverse este mismo mes de septiembre con la adjudicación del contrato, por valor de 83.000 euros más IVA, a alguno de los estudios de arquitectura que han presentado ofertas en el Departamento de Compras y Contrataciones.

El equipo redactor de la revisión, una vez formalizada la adjudicación, tendrá un plazo de tres meses para entregar el trabajo para su aprobación inicial, dándose paso a un largo proceso hasta su aprobación definitiva “que podría llevar un par de años”, aseguró el concejal de Urbanismo, quien explicó que es la Junta de Andalucía la que debe dar el visto bueno definitivo al documento.

La revisión del PGOU en el suelo no urbanizable tiene por objetivo adaptar la normativa urbanística mijeña a la realidad surgida de la primera fase del proceso de regularización. Es decir, que en el Plan General se incorporen los hábitat rurales diseminados y los asentamientos urbanísticos cuyas viviendas son susceptibles de legalización, delimitados en el estudio para la Identificación y Delimitación de Asentamientos en Suelo no Urbanizable, ya aprobado por el Ayuntamiento de Mijas.

El documento resultante de la revisión servirá para, según el concejal de Urbanismo, “calcular el número de viviendas” y conocer “qué características se les va a exigir” para culminar el proceso de regularización, ya que “los diseminados no tienen criterios de urbanización al uso”.

En este sentido, Manuel Navarro explicó que “con la revisión del PGOU queremos acercarnos lo más posible a la realidad y no sería lógico que fuera café para todos”, porque “Valtocado no se parece en nada a Entrerríos” y porque muchas de las viviendas a regularizar “disponen de servicios básico, en otras es imposible acercar la red de saneamiento por el alto coste que tendría, en algunas habrá que hacer calles y en otras se optará por carriles mejorados”.

En cualquier caso, el concejal responsable de la política urbanística en el Ayuntamiento de Mijas sostuvo que el fin último de la revisión del PGOU será “generar espacios para una mayor calidad de vida”.

Una vez culminada la segunda fase del proceso de regularización de viviendas, los asentamientos y hábitats rurales deberán proceder a tramitar y ejecutar las exigencias resultantes de la revisión del Plan General -“como si fuera un plan parcial”, dijo Manuel Navarro- para, posteriormente, culminar el proceso con la legalización individualizada de cada vivienda. Con la revisión del PGOU se podrán legalizar unas tres mil viviendas y edificaciones.  

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