La decisión del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga ha impedido el cumplimiento de una orden municipal de retirada de una valla privada, que impide el paso por un camino de titularidad pública – comunica Valtocado y la carretera de Alhaurín - en el paraje de Altavista.

El auto judicial, dictado como medida cautelar ante el recurso por la vía del Contencioso interpuesto por el representante legal de la empresa propietaria de la valla – NSI Enclave SL – paraliza la orden de desmontaje de la valla decretada por el Ayuntamiento de Mijas tras la incoación de un expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y de reposición de la realidad física alterada.

La empresa instaló una valla metálica, sin seguir lo preceptuado en la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento para tal fin, y construyó una caseta, para la que no contaba con licencia, en el sector urbanístico SUP-S21 – urbanización Altavista – elementos que ocupan un carril de titularidad pública.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas tomó la decisión de liberar dicho camino público de los elementos que impiden su normal uso por los ciudadanos. De hecho, el departamento de Disciplina Urbanística diligenció expediente, contra el que la propiedad de la valla presentó alegaciones en las que se aseguraba la inexistencia de camino público alguno en la zona. Sin embargo, en los registros del Catastro figura inscrito dicho carril, como público, con el número 9.002.

La decisión cautelar del magistrado no resta razón al Ayuntamiento, ya que la decisión final sobre la retirada de la valla y la demolición de la caseta será adoptada en un futuro por fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El auto judicial que paraliza el cumplimiento del decreto municipal de desmontaje y liberación del paso en el referido camino público se justifica en la protección de los supuestos derechos del demandante ante una hipotética decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que favoreciera sus intereses.

La empresa propietaria de la valla ha tenido que ingresar en la cuenta judicial la cantidad de 1.500 euros – coste estimado por los técnicos municipales del desmontaje – más el 25 por ciento en señal de recargo de apremio. 

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