Una auditoría contratada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas para analizar y supervisar el funcionamiento de todas las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones a los que está suscrito el Consistorio permitirá una proyección de ahorro a las arcas públicas de unos 100.000 euros anuales.

La auditoria, realizada por una empresa mijeña tras una inversión municipal de 6.000 euros, ha consistido en la realización de un estudio técnico y económico para la optimización de los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones, tanto en el edificio del Ayuntamiento en Mijas Pueblo, como en las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La Cala de mijas, así como en otros departamentos municipales.

Gracias al estudio, se ha conseguido detectar e identificar más de 40 líneas telefónicas que no se usaban, 152 líneas con tarifas ineficientes, 29 líneas con servicios de ADSL para Internet sin tarifa plana, 10 líneas sin conectar a centralitas, servicios en teléfonos móviles sin bonificación según consumo y otras disfunciones que van a propiciar una proyección de ahorro en la facturación total de próxima a los 100.000 euros al año.

El coste anual de estos servicios ronda los 230.000 euros, por lo que la aplicación de los resultados de la auditoría permitirá una reducción del gasto de un 60%, hasta los 132.000 euros aproximadamente.

Durante los primeros días del presente mes de junio se emprenderán todas las actuaciones y recomendaciones recogidas en la auditoría, por lo que el departamento de Informática cree que a partir de la siguiente factura vendrá reflejada esta reducción en los servicios.

Según ha señalado el coordinador de Informática del equipo de gobierno, Jorge Soler “la auditoría nos ha permitido optimizar todos los recursos y servicios contratados por el Ayuntamiento” y, además “implantar un modelo de gestión con el objetivo de seguir mejorando y ampliando las necesidades municipales”.

Además, el equipo de gobierno ha contratado los servicios de la empresa que ha realizado la auditoría durante un año, a razón de 500 euros mensuales, a fin de que se puedan tomar nuevas medidas de ahorro en los servicios de telecomunicaciones.

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