El consistorio ha dado luz verde en pleno a la autorización del gasto y el reconocimiento extrajudicial para la liquidación con la empresa Urbaser, antigua concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, y a la regulación contable de las penalidades que se le impusieron tras las últimas sentencias judiciales.

El concejal de Limpieza Viaria, Eloy Belmonte (Vox), explicó que la liquidación con Urbaser se arrastra desde 2019, ya que se han devuelto facturas en varias ocasiones por diferentes motivos y que, de las dos penalidades que se pusieron a la empresa, el consistorio ha “ganado una y perdido la otra”. “Venimos aquí a hacer acto de reconocer la deuda de 692.000 euros por una parte y consolidar esa penalidad que sí queda vigente por valor de 1.195.000 euros. Esto sí entiendo que se compensará y al final el Ayuntamiento pues saldrá beneficiado”, agregó el responsable del área..

El edil argumentó también que la liquidación se aprobó en su momento en Junta de Gobierno Local, cuenta con informe favorable de Intervención y jurídico y que la última factura se recibió el 7 de octubre, por lo que ahora se eleva a pleno para su pago. 

 

Reacciones
Desde la oposición, en el Gobierno cuando se penalizó y rescindió el contrato con Urbaser, aportaron algunos detalles más sobre este punto. “El Ayuntamiento por aquel entonces, en 2018, impone dos penalidades a Urbaser por un total de casi 2,4 millones de euros y por dos motivos. Uno es por los vehículos, ya que no aportó desde el inicio todos los vehículos comprometidos en su oferta”, siendo este el que se saldó a favor del consistorio, explicó el portavoz del PSOE, Roy Pérez. “Evidentemente, Urbaser al finalizar su periodo contractual tiene que liquidar con el Ayuntamiento de Mijas por la factura que tuviera pendiente, pero como estaba, sub judice, es decir, pendiente de las distintas tramitaciones judiciales de estas dos penalidades, cada una de casi 1.200.000 euros, hasta que no se ha producido la sentencia, no se ha trae al pleno la liquidación.

En la sesión plenaria también salió a colación el actual contrato de limpieza con la empresa FCC, ya que la oposición pidió explicaciones de en qué estado están las penalidades que se le han puesto, por un importe conjunto superior a los 6 millones de euros, y preguntó por qué no se rescinde el contrato. Desde el equipo de gobierno, aclararon que las penalidades están tramitadas y que el contrato se está ejecutando por parte de la empresa pero que se quedó muy corto en el pliego de condiciones elaborado por el anterior equipo de gobierno.
 

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